La Torre del Puerto, el hotel de lujo que se quiere levantar en el dique de Levante (un rascacielos)Torre del Puerto, el hotel de lujo que se quiere levantar en el dique de Levante, ha despertado gran contestación ciudadana. Planes como este, con gran poder de cambiar el paisaje, creo, deberían ser sometidos a una consulta ciudadana. Esta semana hemos hablado con tres miembros de la Plataforma ciudadana Defendamos Nuestro Horizonte (DNH): Fernando Ramos, Juan Antonio Triviño y Matías Mérida (arquitecto, exlíder de UGT y profesor del Departamento de Geografía de la UMA, respectivamente), que han desgranado una potente batería de argumentos contra el rascacielos. Triviño asegura que el trámite ha sido «excesivamente acelerado» y, es posible que, en algunos momentos, «se haya pasado de la línea», para recordar, por ejemplo, que no «ha habido concurso». No descarta la plataforma, como tampoco lo hacen otros colectivos, ir a los tribunales. «Aprobar la construcción de un rascacielos, en ese sitio, es una decisión política». Ramos, por su parte, recuerda que ya se aprobó en pleno una consulta ciudadana para decidir sobre el Bosque Urbano en Repsol y no se hizo finalmente. «El equipo de gobierno la tumbó», dice, y se pregunta qué más debemos hacer: «Los niveles de participación real permitidos a la ciudadanía hoy son los mismos que durante el desarrollismo de los 60 y 70, idénticos al caso del ilegal e ilegítimo Hotel Meliá en el Puerto de Alicante». «Hay herramientas y metodologías de participación y no se aplican», dice en relación a la consulta. Mérida destaca que «en la gestación del proyecto no ha existido un proceso de participación ciudadana», que sí tendría que haberse armado para decidir qué se va a hacer con «un lugar emblemático de la ciudad». «El trámite de alegaciones no es un proceso de participación ciudadana». Triviño recalca que convocar «una consulta popular es aplicar la ley».

La reducción de la torre desde los 135 metros a los 116 (según datos de promotora), «no soluciona nada en absoluto», recuerda Mérida que la altura real que se tramita son 150 metros. El problema no es la altura concreta, sino que se va a ubicar «un rascacielos en un lugar inapropiado para su construcción, el impacto paisajístico sigue existiendo». En cuanto a su viabilidad, explica Triviño que los cataríes «desaparecieron y ahora aparece Ramón Calderón». «Después de cinco años, nosotros decimos que eso no huele bien», además de temer que el hotel acabe convertido en apartamentos. «Con la modificación de retranquearse a 45 metros del dique ya han enseñado la patita». Mérida, por cierto, señala el mal estado del dique: «Es una temeridad cambiar el planeamiento sin que esté solucionado el problema estructural del dique, que aún se desconoce en su totalidad, pero se sospecha que puede ser muy grave». Ramos se pregunta: «¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí?», y señala varios consensos claros, ciudadanos (porque fue la sociedad civil «la que alertó de la importancia del sitio»), «sobre la singularidad de ese lugar» y «su capacidad simbólica y significante de la ciudad y para definir la relación con todo el territorio y con toda la bahía (es clave)». A partir de ahí, habría que haber articulado un proceso de participación, de consenso y de rigor, aclara, «con calma y con recursos». «Hay consenso en que un rascacielos ahí es una intervención mal planteada, un error de bulto, que desequilibra irreversiblemente el paisaje cultural evolutivo de Málaga», además de insistir en que esa propuesta (tercer consenso), desarrollada por el Ayuntamiento desde 2010, presentada como definitiva en 2016 y ahora modificada en paralelo al trámite, «no ha conseguido el más mínimo apoyo ni reconocimiento de legitimidad de ninguna institución, colectivo técnico, de ninguna disciplina, ni siquiera de una parte considerable de la sociedad civil». «No se trata de ampararse en hipotéticos beneficios indirectos futuros; se trata de analizar el proyecto concreto con rigor y transparencia: ni es viable económicamente, ni es creíble desde el punto de vista turístico y hotelero, ni ambiental, urbanística o arquitectónicamente tiene ninguna viabilidad». Por último, el cuarto consenso, «en la tramitación técnica de esta propuesta es imposible haber sido más chapucero, falaz, contradictorio y falto de rigor, y eso a pesar de haber denunciado una y otra vez lo inadecuado de metodología y planteamiento, y de la falta de apoyo social y técnico». Dice Mérida, en este sentido, que no ha habido ningún intento para llevar el hotel a otra parte de la ciudad, «no es un urbanismo a la carta, es urbanismo de servicio de habitaciones», recuerda el Informe Ambiental, «con el que la Junta hizo el ridículo en toda España», Triviño indica que se ha jugado con la confusión y la propaganda, y que ya existe un Plan Especial del Puerto, y se pretende modificarlo para «hacer una recalificación del terreno, hoy espacio público». Mérida insiste en que el rascacielos va a apagar a la Farola («atentado contra el patrimonio identitario de la ciudad», dice) y que la oposición es amplia, sostenida y diversa, las academias, el Colegio de Arquitectos y ciudadanos de «todas las ideologías». Y Ramos concluye: «La clave aquí es el lugar», es decir, el rascacielos en el dique de Levante. Nadie está 'per se' contra la evolución de la imagen urbana, los hoteles ni el turismo sostenible o el urbanismo vertical, advierte, sino contra el rascacielos «insostenible» en ese preciso punto de Puerto y bahía.