Sergio Arjona, director general de Infraestructuras del Agua y Patricia Navarro, delegada la Junta de Andalucía en Málaga, reiteraron el pasado viernes a este periódico que la Junta de Andalucía sólo puede instalar la depuradora proyectada de Málaga Norte en la Vega de Mestanza (Málaga capital), un proyecto que ronda los 130 millones de euros y que culminará un largo proceso administrativo que se inició en 2003.

Además, recordaron que, dentro de este proceso, en el POTAUM de la Junta de 2009, ya constaba esta parcela como destinataria de la depuradora, sin que se presentaran alegaciones por el emplazamiento.

Los responsables autonómicos quisieron responder así a los vecinos de Mestanza, tras el reportaje de La Opinión del pasado 18 de enero titulado ‘La última vega de Málaga está en peligro’, en el que los afectados mostraron su indignación por la decisión y su abogado informó de la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el TSJA.

Sergio Arjona destacó que en 2017, por unanimidad de la Junta de Andalucía y los cinco alcaldes de los municipios a los que servirá la instalación (Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama, Málaga y Torremolinos), se acordó construir la nueva depuradora en la Vega de Mestanza, «entre cinco alternativas».

A la reclamación vecinal de que el nuevo equipamiento se construya junto a la actual Depuradora del Guadalhorce, Arjona destacó que en 2003 ya se decretó «que se iba a hacer una depuradora independiente a la del Guadalhorce». Además, explicó que los terrenos anexos que proponen los vecinos de Mestanza, «ya tuvieron un rechazo social cuando se pensó en hacer allí la central de ciclo combinado». Por otra parte, levantarla junto a la depuradora actual implicaría construir un emisario nuevo que afectaría «a los vecinos de Sacaba o a los de Guadalmar».

Por otro lado, explicó que cambiar de sitio esta instalación supondría «cambiar el planeamiento» e iniciar el proceso partiendo de cero, lo que supondría retrasar «tres años y medio» las obras, con el consiguiente aumento de las multas de la Unión Europea (hasta el momento unos 2 millones de euros) por no tener lista la depuración de las aguas. «Actualmente Cártama y Alhaurín el Grande vierten de aguas residuales, 5,9 hectómetros cúbicos al año, el equivalente de 1.750 piscinas olímpicas de aguas negras al Guadalhorce que luego van a parar al mar», explicó.

El responsable de Infraestructuras del Agua también respondió al recurso de los vecinos ante el TSJA de paralizar el proceso como medida cautelar por indefensión por falta de información. «El plazo de información pública acababa en septiembre y lo volvimos a abrir hasta el 22 o 23 de diciembre para que nadie pudiese alegar indefensión», indicó.

Por otra parte, informó de que la futura depuradora, «prácticamente no generará olores», dado que a petición del alcalde de Alhaurín de la Torre, sólo se tratará el agua, mientras que los fangos se tratarán en la depuradora del Guadalhorce.

Y para evitar que aumenten las sanciones, explicó que está previsto que se depuren las aguas de Alhaurín el Grande «lo antes posible», antes incluso de que concluyan las obras.

Además, sólo con las aguas procedentes del Alhaurín el Grande y Cártama se producirán 9 hectómetros de aguas regeneradas para la vega del Guadalhorce, «cuando lo que se consume al año no llega a 16 o 18, es decir que sería aportar prácticamente el 50 por ciento de agua regenerada».

Impacto de la obra

Arjona también quiso hacer referencia al impacto del equipamiento sobre esta vega de 73 hectáreas de cítricos. «El plan general reservaba 29 hectáreas pero ya se considero reducir la parcela y ahora el proyecto tiene 20,8». Levantar la infraestructura, eso sí, obligará a talar 8.500 árboles.

El director general aseguró que se pondrán pantallas vegetales para disminuir el impacto.

En cuanto a las conducciones, otra preocupación de los vecinos, explicó que «la mayoría» irá por caminos de servicio para no afectar a los frutales.

Con respecto al problema de que la depuradora se encuentre en zona inundable, contestó que «todas las depuradoras lo están» y señaló que se prevé una isla artificial «que no incrementará la inundabilidad de nadie por razón de la infraestructura».

La Junta prevé adjudicar el contrato «este verano» con la idea de que esté en funcionamiento «a mediados de 2024», aunque depurando las aguas de Alhaurín el Grande «a final de 2022». Los vecinos, mientras tanto, ya han planteado la batalla judicial para que la depuradora no se levante en la Vega de Mestanza.