Las cuentas no le salen: cobra 30 euros dos veces por semana por limpiar casas, recibe 890 euros de pensión de viudedad, pero tiene que pagar todos los meses 400 de alquiler y casi 150 del trastero donde guarda sus muebles. Con la cantidad restante debe pagar la luz, el agua y dar de comer a tres de sus hijos y a un nieto.

«Si consiguiera la ayuda de alquiler, por lo menos podría hacer algo más por ellos: comprarles más comida, ropa, zapatos... pero es que no puedo hacer nada», lamenta.

A Cristina Nicolás la vida empezó a torcérsele en 2009, cuando su marido fallece de un ictus con 47 años. Se quedó viuda y con diez hijos en un piso del IMV en Hacienda Cabello que a final de ese año tuvo que abandonar por el acoso de una familia, con insultos y palizas a algunos de sus hijos y a un yerno incluidos.

«La gente me decía que no entregara el piso, que lo alquilara, pero yo siempre he querido hacer las cosas bien. En el IMV me decían que comprendían que me marchara porque habían tenido muchas denuncias por lo mismo», cuenta.

La familia encontró un piso en el Puerto de la Torre, donde sigue empadronada, pero tuvo que marcharse porque la propietaria iba a hacer obras. Tuvo que mudarse con cinco de sus hijos al Tiro de Pichón, «pero como todos trabajan en la hostelería y llegó la pandemia, nos quedamos dos o tres meses sin pagar el alquiler». Aunque la empresa propietaria le tranquilizó y llegó a un acuerdo con ella para que fuera pagando poco a poco, «no pasó un mes y me llegó una carta de lanzamiento».

Cristina con Francisco Álvarez de Abanico Solidario. | A.V.

Además, por el mal asesoramiento de una abogada, sin desahucio judicial acordó dejar esta vivienda el pasado octubre y pagar de la deuda restante 600 euros al mes. Cristina, subraya, no quiso llegar a un desahucio y confió en la abogada y en esta empresa.

Desde entonces, vive en la casa de una amiga de su hija, por la zona de las Pirámides, con cuatro personas a su cargo.

Ha intentado acceder a la ayuda municipal de alquiler pero todas las puertas se le han cerrado hasta la fecha, dado que aunque tuvo que dejar la anterior casa por impago y decisión del propietario, no fue un desahucio judicial. En cuanto a conseguir un informe que acredite la vulnerabilidad y riesgo de exclusión social de su familia, está metida en un laberinto burocrático, por no estar empadronada donde vive -lo está en el Puerto de la Torre- y a que el lanzamiento de su anterior vivienda tuvo lugar en el Tiro de Pichón. «La gente me dice que estoy en tierra de nadie», lamenta.

Sí ha conseguido el apoyo de la Asociación Abanico Solidario, que trata de ayudar a personas que han sufrido desahucio o que están en su situación. Precisamente, este colectivo ha conseguido que el propietario anterior le perdonara la deuda pendiente.

«Por hacer las cosas bien se encuentra en esta situación», lamenta Francisco Álvarez, fundador de Abanico Solidario, que destaca que también se han interesado por la situación de Cristina Nicolás y su familia, tanto la concejala socialista Alicia Murillo como el propio concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares.

Precisamente, el concejal Francisco Pomares confirmó ayer a La Opinión este extremo y señaló que se están coordinando Abanico Solidario y los Servicios Sociales municipales para solucionarle el problema del empadronamiento.