La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso contencioso- administrativo contra el Estado presentado por los Astilleros Nereo, en el que pedía que se anulara la Orden Ministerial de octubre de 2018 del Ministerio de Transición Ecológica, que acordaba finalizar el rescate de la concesión de los astilleros de Pedregalejo, por extinción del plazo de la concesión, un proceso iniciado por la Demarcación de Costas en 2017.

El tribunal destaca que la concesión se otorgó inicialmente a Juan Crossa en 1963, para ocupar una parcela de 1.175 m2 de la zona marítimo terreste de la playa del Carmen, en Pedregalejo con vistas a construir un varadero-astillero, concesión transferida en 1970 a Juan Antonio Sánchez Guitard, padre de los actuales concesionarios.

La sentencia, fechada el 5 de febrero, recuerda que nunca se ha discutido por los astilleros que el plazo máximo de la concesión sería de 30 años -el plazo otorgado tras la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988-. «La extinción se produce por tanto de forma automática, por el mero transcurso del tiempo», señala.

La Audiencia Nacional también rechaza la petición de los astilleros de Pedregalejo de prorrogar 75 años la concesión, a contar desde marzo de 2014, cuando presentaron un escrito ante la Demarcación de Costas .

El tribunal argumenta que esta petición se ha realizado en un expediente de revisión y actualización del canon de ocupación, distinto al que ha dado lugar a la orden ministerial. En todo caso, estima que no se dan los requisitos para pedir la prórroga.

Tampoco aprecia la Audiencia Nacional, como señalaban los recurrentes, «desviación de poder en la declaración de utilidad pública del rescate de la concesión, ni que deba prevalecer la pretendida conservación del patrimonio histórico andaluz -en referencia a la protección patrimonial que la carpintería de ribera de Pedregalejo tiene por parte de la Junta- sobre el interés público en la protección del medio ambiente y la preservación de la integridad del dominio público marítimo terrestre y la recuparación para el uso ciudadano de los Baños del Carmen», es decir, el proyecto de regeneración del entorno del Balneario del año 2010.

A este respecto, la Audiencia recalca que «el reconocimiento de la competencia exclusiva del Estado sobre el dominio público estatal (...)presupone la existencia de un interés general superior al que representan las competencias autonómicas».

Respuesta de Nereo

Tras conocer la sentencia, Alfonso Sánchez-Guitard, portavoz de los astilleros, anunció el pasado domingo que estudiará si recurrir al Supremo, «dado que es una concesión portuaria, algo no mencionado en la sentencia, y que no ha terminado aún».

«Todavía hay batalla para rato», destacó. Alfonso Sánchez-Guitard también pidió el cumplimiento de la sentencia del TSJA de marzo de 2019, adelantada por La Opinión, que ordenaba a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía actualizar la protección de la carpintería de ribera de Pedregalejo, inscrita en 2008 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz por ser una actividad de interés etnológico, al vulnerar la igualdad, dado que no protegió el sitio donde se realizaba, los Astilleros Nereo, algo que sí hizo la administración autonómica en 2003 al delimitar los astilleros sevillanos de Coria del Río.

«Según la Ley de Costas a las actividades que son patrimonio histórico y cultural tienen que darle una nueva concesión», argumentó Sánchez-Guitard.

Además de esta sentencia, en 2016 fue la propia administración del Estado quien protegió de facto Astilleros Nereo al ser uno de los tres únicos elementos de la provincia de Málaga -junto con Intelhorce y la Real Fábrica de Hojalata de Juzcar- incluidos por el Ministerio de Cultura en el Plan Nacional del Patrimonio Industrial. El plan se justificaba por «la necesidad de protección y conservación que, por su propia especificidad, presenta un rápido deterioro y está dispuesto a desaparecer». 

Un año más tarde, en otra información adelantada por este diario, el Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), el organismo asesor de la Unesco emitía un informe en el que pedía «la declaración específica de Bien de Interés Cultural, en la tipología de Paisaje Cultural, para el conjunto formado por la franja costera que va de los Baños del Carmen al arroyo Jaboneros, y recomendaba la protección integral para la «primera fila», en donde se encuentran los astilleros.