El Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga tiene registrados en el censo genético a 35.114 canes, según datos aportados por el Consistorio, de forma que esta actividad recibió el impulso de una campaña a partir del 1 de mayo de 2017, tras la aprobación de la nueva ordenanza de Bienestar y Protección Animal de la ciudad. Según explica el director del área, Luis Medina-Montoya, el 85% de los canes de la capital costasoleña ya están registrados en ese censo.

Esta estimación se basa en el hecho de que los policías locales han realizado en 2020 un total de 2.778 actividades de control para comprobar si los ciudadanos tienen o no censados a sus perros, de forma que 416 fueron sancionados por los agentes, es decir, un 15%, por el hecho de no poder demostrar que sus mascotas estaban inscritos en ese registro, «lo que quiere decir que el 85% de los perros de Málaga sí lo estarían».

Los datos en los que se basa esta información son aportados por el Área de Sostenibilidad Medioambiental en coordinación con la Policía Local, de forma que el Consistorio ha advertido expresamente que la estadística sobre el número de actuaciones en el control del censo genético por parte de la Policía Local comenzó en octubre de 2018 y el registro en el propio censo, a partir del 1 de mayo de 2017, cuando ya regía la ordenanza municipal.

De esta forma, en 2017 fueron censados 14.603 perros, en 2018 un total de 14.487, en 2019 la cifra es de 3.315 y el pasado ejercicio un total de 2.709, sumando esos más de 35.000 canes.

La Policía Local, por su parte, ha efectuado 5.126 inspecciones o actuaciones de control para comprobar si los dueños de perros recogían las deposiciones en las calles de sus mascotas: en 2016 fueron 684, 1.111 en 2017, 1.243 en 2018, 1.384 en 2019 y 704 en 2020. En total, 2.822 malagueños han sido sancionados desde 2011 hasta 2020 por no recoger las deyecciones de sus mascotas de la vía pública. En 2020, se realizaron menos inspecciones y se impusieron menos multas debido a la pandemia, contabilizándose 704 actuaciones de control y 92 sanciones, un 13% de las inspecciones; en los dos años inmediatamente anteriores, 2018 y 2019, este número se situó en el 18% y el 14%, respectivamente.

En cuanto al censado genético, la Policía Local ha efectuado 3.972 actuaciones en 2019 y 2020, 1.194 el primero de los años y 2.778, el segundo. En total, de esas 3.972 inspecciones, 1.542 acabaron con una sanción por no poder identificar el dueño a su perro, bien enseñando el carné identificativo o la chapa (que debe llevar el animal). En 2019, el índice de sanciones fue del 47%, lo que concuerda con la estimación manejada entonces por el Consistorio, de forma que poco menos de la mitad de los perros de la ciudad estarían sin censar en la época, avalando así la estimación municipal.

«Estamos teniendo una colaboración excelente con la Policía Local, eso no es nuevo, pero se plasma en los datos. Se mantiene la presión a lo largo de los últimos años, de forma que cuando la Policía Local actúa de paisano o en zonas donde ve gente con éxito, el índice de sanciones es de un 13% o un 14%», explica Medina-Montoya, en referencia a las veces que se ha multado a alguien por no recoger los excrementos de sus perros.

En cuanto a las muestras de deyecciones tomadas para practicarles la correspondiente prueba de ADN, en 2019 y 2020 se recogieron 715 (384 en 2019 y 331 en 2020), de forma que se han impuesto en total 131 sanciones en esos dos ejercicios después de identificar al propietario del can en cuestión usando esta técnica: 57 en 2019 y 74 en 2020, lo que en el primero de los casos supone una identificación positiva en el 15% de las pruebas y en el segundo, el 22%.

Dice Medina-Montoya que la prueba da los positivos reflejados porque se hace la prueba del ADN a partir de los restos epiteliales del tracto intestinal que tiene la correspondiente deyección, es decir, la recogida de muestras debe producirse en unas condiciones concretas, «si no se recoge el trozo donde existe el correspondiente resto epitelial, la muestra es no determinante». Los excrementos los recoge un operario de la empresa de control de animales, con un funcionario del Centro Zoosanitario Municipal, que da fe de la misma, se georreferencia y se procede a su envío al laboratorio para identificar el material genético del censo y al titular del perro.

Hay un resultado negativo, dice, cuando se saca el perfil genético de la muestra pero el perro no está en el censo, y no se puede sancionar al dueño. Una vez a la semana se cruzan los negativos con el censo, por si el propietario hubiera dado de alta al perro, y en ese caso se le sanciona. El positivo se da cuando, tras cruzar los datos, se comprueba que el perro está censado, y hay resultados no determinantes.

Dice Medina-Montoya que ha aumentado el índice de identificación en dos años que lleva el Consistorio aplicando esta práctica, de un 15% al 22% interanual, de forma que en el nuevo contrato con la empresa que se encarga de estos asuntos se quiere llegar al 30% de identificaciones positivas. Añade que esta ciudad fue pionera en la aplicación de este sistema de identificación animal. «Recibimos llamadas constantes de otras ciudades interesándose por cómo lo desarrollamos», dice.