Es uno de los problemas históricos de Málaga: la falta de suelo logístico en la capital, o los problemas administrativos en torno al existente, afectado por planes de inundabilidad que se han debatido en el juzgado. La llegada de Amazon a la ciudad, de forma que el gigante de las ventas online operará el gran centro logístico de más de 50.000 metros cuadrados que la promotora Montepino ejecutará en los suelos de Intelhorce, con una inversión de más de 80 millones de euros, ha reactivado el interés existente en la urbe por muchas empresas que quieren tener aquí su sede . Para estimular el mercado, para animarlo con un primer gesto, la Gerencia de Urbanismo va a comprar suelo logístico, al menos una gran parcela de 100.000 o 200.000 metros cuadrados, desarrollará el correspondiente instrumento de planeamiento, es decir, el plan parcial, y luego lo subastará al cliente final para que realice su actividad, recuperando la inversión, según ha confirmado a este periódico el edil de Ordenación del Territorio, Raúl López.

Esta idea del concejal ha sido estudiada y debatida con los abogados de Urbanismo y obedece a dos razones: animar el mercado, poner en el foco a Málaga con un gesto que sea interpretado como que estas empresas son bienvenidas y aquí tienen sitio para desarrollar su actividad; y, dado que el cliente de logístico o industrial quiere los suelos ya desarrollados y listos para construir, se manda el mensaje de que el Ayuntamiento da seguridad jurídica a estos empresarios y apoya su desembarco en la zona, que, claro, además generará impacto económico y empleos, no dependientes del sector turístico y no tan sujetos, por tanto, a problemas como la pandemia. Esta es la reflexión que hace López, quien indica: «¿Qué buscamos? El pliego que prepararemos debe tener o contar con un suelo de más de 200.000 metros cuadrados de superficie y que esté bien conectado, el objetivo es que el suelo sea finalista. Nosotros pagaríamos un tope y para decidir qué abonamos tendríamos en cuenta la cantidad, la ubicación, las conexiones y comunicaciones, los suministros básicos, etcétera», dice López. Luego, ese suelo sería subastado en un procedimiento público y las empresas pujarían por él mejorando el precio. El terreno tendría que tener esos 200.000 metros cuadrados de techo, porque estas compañías, indica el edil, quieren, al menos, 100.000 metros cuadrados de edificabilidad. También podría tratarse de la unión de varias parcelas cuyos propietarios se pusieran de acuerdo y las características fueran similares a las descritas. En principio, se trata sólo de un pliego, pero podría haber más.

«Definimos el suelo, ejecutamos el plan parcial, lo compramos, el suelo es finalista, hay quien no consigue suelo, lo subastamos, este lo compra y así animamos en el mercado, es una oportunidad para adelantar la compra» en un mercado ahora afectado por la falta de fondos y de decisión. «El tema es que hay mucha gente diciendo que quiere venir a Málaga. El asunto es que aquí, a diferencia de lo que ocurre en Baleares, por ejemplo, compramos suelo, no lo expropiamos, porque queremos dar seguridad jurídica, creo que es un proyecto razonable de administración pública».

Señala López que una empresa potente, de las que suelen preguntar en Urbanismo cómo puede venirse a la capital, suele pedir 60.000 o 70.000 metros cuadrados de techo, de forma que las parcelas han de tener el doble, «porque hay que sacar suelos, viales, zonas verdes, etcétera», recalca, y, por tanto, como falta impulso privado, de ahí la propuesta municipal, que «no puede ser un pliego de compra de suelo sin límite, ahora lo estamos consensuando». Insiste: lo normal es que se busque una parcela de 200.000 metros cuadrados para que la edificabilidad sea de 100.000. «Y el cliente quiere un suelo finalista, ya desarrollado».

Destaca López que, además de la falta de impulso privado, había otro problema con los planes de inundabilidad de la Junta. «El PSOE, con su plan de inundabilidad, hizo que esa huella afectara a casi todo el suelo logístico de la capital, lo que perjudicó a muchas empresas que querían venir aquí». Dice López que antes de solicitar la licencia de obra a Urbanismo, hay que hacer el correspondiente desarrollo de las parcelas, y pedir, incluso, un informe medioambiental a la Junta, con lo que los trámites se dilatan años hasta poner la primera piedra de la nave y estas compañías quieren comenzar a rentabilizar lo antes posible su inversión. La anterior Junta, dice el concejal, pedía una serie de obras hidráulicas que se sumaban a la inversión inicial. «Todo eso hacía que el suelo fuera poco viable». El coste final del metro cuadrado de superficie se disparaba. Ahora, con las actuaciones blandas o microactuaciones autorizadas por la Junta, y que serán sufragadas, al menos en parte, por los empresarios y también por las administraciones públicas, la huella inundable se reduce desde el millar de hectáreas a menos de la mitad, fundamentalmente en la zona del Guadalhorce y polígonos aledaños.

La ciudad, en el dossier elaborado para impulsar la reconstrucción económica, ofrecía a los inversores logísticos más de 9,16 millones de metros cuadrados para invertir, aunque una parte del mismo está sin desarrollar.