Un padre y su hija recurren al Tribunal Supremo para no dejar su casa

Juan Linero y su hija Alba, el primero en paro y con una ayuda de 436 euros al mes, y la segunda con contratos de esteticién de 15 días, han recurrido al Tribunal Supremo la rescisión del contrato y el posterior desahucio de su vivienda de 65 m2 en la barriada de García Grana.

El proceso se inició en 2016 tras tres visitas aleatorias durante la mañana de un inspector del Instituto Municipal de la Vivienda, al comprobar que no había nadie en la casa. El IMV también se basa en testimonios de vecinos que aseguraron que Juan Linero no vivía en la casa, así como en las lecturas del agua y la luz que señalaban un consumo pequeño.

«Yo me busco la vida todas las mañanas buscando chatarra o como sea, no puedo quedarme en mi casa esperando porque me muero de hambre», señala este vecino a La Opinión.

En cuanto al bajo consumo de agua y luz, una abogada próxima al caso informa de que por aquel entonces, el padre, que vivía solo, pasaba por una complicada situación «y no tenía ni lavadora».

«La economía no me daba nada más que para tener una neverita de esas de hotel y la ropa me la tenía que lavar a mano», argumenta Juan Linero.

Con respecto a las declaraciones de los vecinos de que no vivía en el inmueble, las achaca al interés de algunos «por quedarse con la casa».

Como explica, Juan es hijo de una pareja de los primeros inquilinos de García Grana hace 60 años, y vive en la casa desde 2008, cuando se separó. «Al morir mi padre en 2010 me subrogué como inquilino», informa y señala que su hija Alba lleva cerca de tres años viviendo con él en la casa.

Juan Linero recibió del juzgado la demanda de rescisión del contrato y desahucio administrativo, pero sin que hubiera notificación previa del Instituto Municipal de la Vivienda, informa la abogada próxima al caso.

El IMV rechazó por su parte la revisión de oficio del acuerdo de resolución del contrato de arrendamiento, en la que Juan Linero argumentaba que «de la lectura del contador de agua precisamente lo que se concluye es que la vivienda está habitada» y calificaba de «disparate» concluir que las tres visitas del inspector bastan para poner en marcha el desahucio.

La decisión del IMV fue recurrida, pero en enero de este año recibió sentencia desestimatoria del Juzgado Contencioso Número 6 de Málaga, al entender que el acuerdo se ajusta a derecho.

Los afectados han presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. «Si nos desahucian, como no nos vayamos debajo de un puente no sé qué vamos a hacer», confiesa la hija, Alba Linero.

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes del IMV declararon ayer que al Instituto sólo le consta que Juan Linero lleva viviendo en la casa «desde abril de 2020», y que ha sido un equipo de funcionarios «que hace censos periódicos», y no a instancias de los responsables del IMV, el que constató que no residía en la casa, «y hay un conserje que sabe quién vive y quién no vive», aparte de los datos de consumo de agua y luz.

Además, indicaron que varias notificaciones las han tenido que publicar en el BOE al no localizarlo en su casa.

«La no ocupación de una vivienda pública es motivo de resolución del contrato», subrayaron estas fuentes, que indicaron que esperarán a ver qué decide el Tribunal Supremo para actuar en consecuencia.