El Ayuntamiento de Málaga ha comunicado formalmente al Puerto de la ciudad la exigencia de que envíe ya la documentación técnica requerida por la Junta de Gobierno Local al darle la aprobación provisional a la modificación de elementos de plan especial del recinto portuario que permitirá, a su vez, la construcción del discutido y polémico rascacielos hotelero en el dique de levante. Ese sí provisional se dio en noviembre de 2020 y lo que ha movido al Consistorio a meterle prisa al Puerto es el interés por mover, cuando antes, el expediente del hotel de capital catarí.

Este es un nuevo desencuentro entre el Consistorio y el Puerto, que sigue al que se ha vivido hace un par de semanas en relación a la negociación sobre la parcela del muelle de San Andrés que debería acoger el futuro auditorio. El Puerto quiere una compensación por parte de la ciudad y la ciudad ha recordado que ese suelo, en su génesis, debía venir gratis.

Recuerden que, una vez se le dé la aprobación definitiva, habrá de enviarse al Consejo de Ministros para que decida al respecto. La modificación de elementos conlleva un gran aumento de edificabilidad para acoger el rascacielos, para el que el equipo de gobierno, por cierto, ha rechazado ya hasta en dos ocasiones la celebración de una consulta popular sobre el proyecto (la han pedido la oposición y los muchos colectivos que se oponen al hotel), muy contestado socialmente dada su altura en un punto central de la postal de la ciudad.

En la comunicación formal escrita que hace el Ayuntamiento al Puerto, le recuerda que se dio la aprobación provisional a la modificación de elementos el 27 de noviembre de 2020, le indica que el Consistorio está notificando la respuesta a las alegaciones, un plazo próximo a finalizar, y que ya ha recibido los informes de verificación sobre aspectos relativos al rascacielos emitidos por la Dirección General de Aviación Civil y la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Cultura. En concreto, los recibió el Consistorio en marzo.

Así, en uno de los acuerdos de la aprobación provisional condicionada del expediente, que tuvo lugar el 27 de noviembre de 2020, se daban 10 días al Puerto para que aportase la documentación técnica que corrija los aspectos indicados por el Ayuntamiento en un informe de Urbanismo. Asimismo, en otro punto se recordaba que, antes de que se aprobase el sí definitivo en pleno y en dos semanas a contar desde el provisional, y una vez remitida esa documentación técnica, el Consistorio daría traslado al Puerto para que este, en un mes, se pronunciase sobre lo que considerase oportuno y enviara a Puertos del Estado el expediente, a fin de que ese organismo hiciese lo propio. Recalca el Ayuntamiento que aún no han llegado los informes ni los documentos solicitados a la Autoridad Portuaria ya hace cuatro meses y medio, por lo que le recuerda que el plazo era de diez días y le pide agilidad con el fin de que la tramitación del expediente no se «vea ralentizada». No en vano, la previsión era darle el sí definitivo en el pleno de enero o en el de febrero.