Veinte personas acusadas por la Fiscalía por contratos supuestamente falsos relacionados con la construcción y puesta en servicio de un edificio en Málaga capital han reconocido los hechos y han afirmado que dichas contrataciones se llevaron a cabo para lograr prestaciones por desempleo.

El juicio se ha celebrado este lunes en la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga y ha habido un acuerdo de conformidad entre la fiscalía y los acusados, según han informado a Efe fuentes judiciales.

Según el escrito acusatorio tres de los procesados eran los supuestos cabecillas mientras que el resto, la mayoría familiares de los anteriores, eran a los que presuntamente se les hizo contratos simulados que presentaban en organismos oficiales para obtener las prestaciones.

Estas irregularidades fueron cometidas durante tres años, de 2012 a 2015, a través de una falsa empresa de construcción y el objetivo era que los beneficiarios cotizaran los días necesarios para cobrar subsidios de desempleo.

Los tres cabecillas se han mostrado conformes con la pena de dos años de prisión por un delito de falsedad en concurso con otro de fraude de prestaciones.

El resto de acusados serán condenados a penas que oscilan entre los tres meses de prisión (para los cuatro que desde el principio de la instrucción reconocieron los hechos) y un año y nueve meses de cárcel.

Además se les imponen multas desde los cuatro a los seis meses con cuotas de seis a diez euros diarios.

El ministerio público ha tenido en cuenta que los acusados han devuelto parte o todo de lo que obtuvieron ilícitamente así como que la causa estuvo más de dos años paralizada.

El fiscal en su escrito acusatorio explica que los supuestos empleados podían cotizar tras las altas en la Seguridad Social basadas en esos contratos falsos y para acceder a estos contratos en muchos casos tenían que pagar una cantidad a la red.

Durante una inspección se corroboró que la obra del edificio con la que están relacionados los contratos finalizó en 2011 "sin que desde entonces existiera el menor indicio de que se realizara ninguna actividad". Hasta 2017 habían generado una deuda con la Seguridad Social de 209.849 euros.

Uno de los procesados era "quien de facto realizaba los contratos falaces", casi todos a familiares; pero "sin aparecer formalmente como empleador para dificultar su identificación", de forma que presuntamente figuraba su pareja sentimental, "con plena connivencia" de ella.

El tercer acusado de los cabecillas era quien presuntamente realizaba las altas en la Seguridad Social.

Los supuestos contratos eran principalmente de peón o personal de limpieza y presuntamente los acusados lograron obtener de la Seguridad Social la cantidad de 130.800 euros.