La Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) ha anunciado este viernes que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha estimado el recurso especial en materia de contratación que interpusieron en febrero contra el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación convocada por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura (GIEC) para la ejecución de las obras de restauración del antiguo Convento de San Agustín, que será la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en Málaga. 

Los empresarios, que recurrieron a través de la Confederación Nacional de la Construcción, entendían que en el pliego se pedían unos requisitos que "excedían de las necesidades de la obra y limitaba la concurrencia". De esta forma, afirmaban que se dejaba fuera a empresas que, contando con la clasificación que legalmente se debía exigir, "no podían cumplir con los requisitos adicionales establecidos, consistentes en la adscripción al contrato de determinado personal, con unas características tan concretas, que muy pocas empresas podrían cubrir y que ni la dimensión económica del contrato ni la complejidad del mismo, lo justificaban".

Según la ACP, el tribunal ratifica que, efectivamente el compromiso de adscripción de medios establecido en relación con el jefe de obra y el encargado era "excesivamente exigente" y estima el recurso para que el órgano de contratación "reduzca las exigencias adicionales a la clasificación que se exigen para participar en la obra objeto del presente contrato, en unos términos que no limite la participación de las empresas clasificadas en la licitación".

Además, no considera que los argumentos aducidos para tales exigencias justifiquen su imposición por tratarse de un bien de interés cultural, que se sitúa en un área de sensibilidad arqueológica y de interés turístico, ya que precisamente la clasificación exigida (Grupo K7) se refiere a la restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.

La Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga celebra esta resolución, que, a su juicio, vendrá a frenar lo que, según indican, "se está convirtiendo en un proceder habitual de las Administraciones, que utilizan estas exigencias adicionales, bajo el argumento de mejorar la ejecución de la obra, pero que termina limitando las opciones de las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con sobrada capacidad y solvencia para poder ejecutar los trabajos".

El fallo del tribunal es firme en vía administrativa aunque cabría recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses. Será el Ministerio el que tendrá que tomar esa decisión.

El Ministerio de Cultura había inciado este año la licitación de las obras, después de que en noviembre de 2020, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, acordara autorizar a la presidenta de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, Organismo Autónomo del Ministerio de Cultura y Deporte, la celebración del contrato de obras de restauración del antiguo Convento de San Agustín para transformarlo en la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en Málaga. La intervención tiene un valor estimado de 15,9 millones de euros. Las obras, que tienen un plazo de ejecución de 45 meses, consisten en la consolidación estructural completa del complejo de edificios que conforman el Convento de San Agustín y su total restauración.