Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Málaga apoyaron ayer, tras un debate no exento de polémica, la moción presentada por el PP en la que se reclama que el Consistorio pida al Gobierno de España que, «a la mayor brevedad, mantenga, en 2022 y 2023 la suspensión de las reglas fiscales para las entidades locales, de acuerdo con lo manifestado por la Comisión Europea y en paralelo a la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, toda vez que la situación económica no es previsible que se recupere en años».

También se apoyó por unanimidad un segundo punto: el Ayuntamiento solicita al Gobierno que, en caso de que la Unión Europea desactivase la cláusula general de salvaguarda, apruebe un real decreto Ley que prorrogue la aplicación de «las Inversiones Financieramente Sostenibles para 2022 y dé continuidad a la aplicación de los proyectos de inversión iniciados en 2021 con cargo a los remanentes de tesorería para gastos generales».

El teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Carlos Conde, defendió que estas medidas deben llevarse a cabo con agilidad para poder comenzar lo más pronto posible con la elaboración de las cuentas de 2022, prácticamente de «economía de guerra», dado el desplome de ingresos que el Ayuntamiento ha sufrido como consecuencia de la crisis económica. La oposición en bloque criticó y recordó que el PP defendió las políticas de austeridad durante la salida de la anterior crisis económica, que duró entre 2008 y 2013 en sus fases depresivas, aunque las consecuencias sociales aún no han desaparecido. La expansión del gasto como vía para salir de la crisis generada por la pandemia del coronavirus fue aplaudida, entre otros, por Nicolás Sguiglia, de IU y Podemos.