En la Justicia hace tiempo que sufren una tormenta y la pandemia del coronavirus ha servido para constatar que, en determinados lugares de la Administración Pública, llueve sobre mojado. El juez decano de la capital, José María Páez, asegura en un escrito de análisis de la situación del servicio en la ciudad que el funcionamiento de la Justicia en la capital «no alcanza por mucho el aprobado», y añade: «Siendo al contrario, realmente deficiente en cuanto al tiempo de respuesta, con retrasos muy importantes en algunos casos, lo que además tiene una repercusión directa y negativa en la economía de la ciudad y en su desarrollo». El ejemplo que pone Páez es que hay cerca de 200 millones de euros en las cuentas de depósitos y consignaciones de los juzgados de la provincia (en torno a la mitad, casi 100 millones en la capital) a la espera de la resolución de los pleitos «o de su ejecución», lo que es «un verdadero lastre y un drama para la economía de la ciudad y de toda la provincia».

«La pandemia del coronavirus que estamos padeciendo está produciendo un efecto muy negativo, más si cabe sobre el sistema. Sin que hasta la fecha, abril de 2021, se hayan adoptado por la Administración medidas realmente eficaces que puedan paliar los efectos del cierre casi total de los juzgados de toda España y Andalucía, Málaga incluida durante varios meses. Lo que se traduce en más y más retraso y habrá que añadir al existente».

El problema es «la falta de jueces, podemos seguir aumentando las horas de refuerzo de los funcionarios que adelantarán los retrasos de la tramitación, pero si no hay nadie que resuelva el efecto embudo está garantizado, así como el aumento de causas pendientes». Aumentar las horas de trabajo de los propios jueces, porque «hemos llegado al límite de nuestra capacidad de trabajo».

Hay que elegir un modelo: o los juzgados como unidades independientes o los tan traídos y llevados tribunales de instancia y la potenciación de la oficina judicial, «de la que tanto se habla pero en la que tan poco se invierte. Pese al tiempo transcurrido con interminables debates, pros y contras, informes, etcétera, nadie toma las riendas, la inclusión de los mismos en los planes del Ministerio de Justicia de la agenda 2020-2030 dibuja un horizonte tan lejano como irreal». Páez es partidario de los tribunales de instancia, porque su creación es mucho más rentable desde todos los puntos de vista, «aunque podemos hacer hincapié en que el problema real, como ya se ha dicho, se traduce en una falta de jueces en la mayor parte del territorio nacional, no siendo Málaga la excepción». La creación del juzgado es antieconómica, dice, pues para auxiliar la labor del juez «bastarían cuatro funcionarios como mucho si existieran el tribunal de instancia y los servicios comunes, cuando en un juzgado normal se necesita una plantilla de diez funcionarios, además de los problemas de infraestructuras, edificios de oficinas, etcétera».

Dice que este año se han creado en Málaga dos juzgados, «y su instalación ha sido un verdadero calvario por falta de espacio, habiéndose adoptado una solución muy poco satisfactoria, que ha terminado con la reforma del sótano para su emplazamiento y la eliminación de salas de vistas y el traslado de la biblioteca a un archivo». «El que fuera el edificio más grande de la Administración autonómica en Andalucía hace tan solo doce años, no tiene capacidad ni siquiera para albergar a dos juzgados más. Mientras tanto, los colegios profesionales ocupan una superficie cercana a los 500 metros cuadrados; situación que es posible que deba replantearse, así como el estudio, diseño, construcción de nuevos edificios, que esta vez sí tengan previsiones de crecimiento», recalca.

Considera que hacen falta 24 nuevos juzgados: dos de instrucción, ya que estos investigan causas muchas veces complejas. En este aspecto, hace referencia a un informe de la Inspección del Poder Judicial de 2021, con ocasión de la atribución de competencias en exclusiva a determinados juzgados de Instrucción de las Órdenes Europeas de Investigación, y que resume el volumen de trabajo de estos órganos en todo el país. Así, la carga media de los 14 juzgados de Instrucción de Málaga es del 149%, siendo la media nacional del 88,7% (Madrid está en el 83%, Barcelona en el 95%, Sevilla en el 106%). Harían falta tres juzgados más de lo Penal (los juicios rápidos se han convertido en lentos), se necesitan seis juzgados de Primera Instancia, uno de incapacidades y uno de Familia, dos juzgados de lo Mercantil (hay dos con cuatro jueces, «insuficiente»), cuatro órganos de lo Contencioso-Administrativo (tienen un gran número de asuntos de entrada, en la anualidad anterior fue la mayor de Andalucía). Asimismo, dice Páez, en Málaga hay siete órganos de esta naturaleza, 14 en Sevilla, teniendo la misma entrada de asuntos. «Hay que afinar las prioridades y dejar de tratar a Málaga como una provincia menor». Hacen falta cuatro juzgados de lo Social, que «en la actualidad sufren una profunda crisis motivada no sólo por la situación económica, sino también por la falta de apoyos que han sufrido durante los últimos años». La pandemia y la crisis «vaticinan un nuevo colapso». Por último, se necesita otro juzgado de Vigilancia Penitenciaria, dado que la creación de una segunda cárcel ha supuesto un incremento en la actividad del único existente. Si no se creara, «sería un auténtico desastre, y un importante déficit democrático».