Un total de 21.009 familias están a la espera de una Vivienda de Protección Oficial (VPO) en la capital, según datos del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) reflejados en un documento al que ha tenido acceso este periódico.

Así, el propio gerente del IMV, José María López Cerezo, asegura que, a 31 de enero de 2021, «se constatan un total de 21.009 unidades familiares o de convivencia demandantes de vivienda protegida, de un total de 214.494 unidades familiares, hogares o de convivencia existentes en la ciudad, lo que supone un 9,79%», consta en el documento al que ha tenido acceso este periódico, después de haber solicitado hasta en dos ocasiones en un mes esta cifra al Área de Vivienda sin que haya habido respuesta alguna. De las 21.009 unidades familiares demandantes de VPO, 2.298 han solicitado solo la opción de régimen de acceso en alquiler, lo que supone un 10,93% y 12.432 familias han solicitado alquiler, alquiler con opción a compra y compra (es decir, se habría solicitado cualquiera de estas opciones).

A 31 de enero de 2021, 11.841 familias solicitaron su inclusión en el cupo de menores de 35 años, lo que supone un 56,36% de demandantes.

No hay datos, sin embargo, acerca de qué porcentaje del total de personas inscritas tiene ingresos anuales inferiores al IPREM a fecha de 31 de enero de 2021. «Este dato no es posible responderlo, ya que los solicitantes declaran sus ingresos al momento de su solicitud. Cada demandante efectuó su solicitud desde 2011, por lo que no es un dato optimizable ni válido. Los datos de ingresos sólo se comprueban y se verifican cuando un demandante es seleccionado, comprobándose que cumple con los requisitos exigidos en la convocatoria», refleja el documento al que ha tenido acceso este periódico. Tampoco se contesta a qué porcentaje del total de personas inscritas tiene menos de 35 años e ingresos inferiores al IPREM a fecha de 31 de enero de 2021 por una razón idéntica a la anterior.

Ahora, en marcha están las promociones del sector Universidad (1.001 viviendas). El Ayuntamiento cuenta con el crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 70 millones de euros. Así, 36 millones de esa cantidad se usarán en la primera fase de este nuevo barrio, esas 476 viviendas, hasta llegar a los 55,3 millones de inversión necesarios para ejecutar esas cinco promociones. El tramo dinerario que va de los 36 a los 55,3 millones de euros se cubre con la aportación municipal y con la subvención del Gobierno central que tramita la Junta de Andalucía. Se reservan otros 33 millones de euros para la segunda fase, en la que se ejecutarán 525 viviendas, ya que en el sector elegido se prevén 1.001 VPO, cuya ejecución supondrá una inversión de más de 116 millones de euros. Actualmente, se encuentran en diferentes procesos administrativos (datos de la primera semana de abril), un total de 1.015 viviendas, de las cuales un importante porcentaje irá destinado a menores de 35 años.

La edil socialista Alicia Murillo recalca lo siguiente: «A 19 de noviembre de 2019 había 20.501 unidades familiares inscritas como demandantes de vivienda en la ciudad. A 31 de enero de 2021, esta cifra asciende a 21.009, es decir, a lo largo de 2020 más de 500 familias han registrado una solicitud de demanda de vivienda. Hay que recordar que estas solicitudes hay que renovarlas cada tres años, por tanto aquellas unidades familiares que se inscribiesen como demandantes de vivienda durante 2016 y que durante 2020 no hayan renovado su solicitud, se han visto expulsadas del registro. Por tanto, es probable que haya más de 500 familias que durante 2020 se hayan registrado como demandantes de vivienda, eso en un año de pandemia, donde las prioridades de las familias han estado más centradas en el cuidado de la salud y en la búsqueda o mantenimiento del empleo que en el acceso a la vivienda».

La edil agrega que «en Málaga hay un problema estructural de acceso a la vivienda, prueba de ello es que casi el 10% de las familias malagueñas están inscritas en el registro público de demandantes. Parte de ese problema viene por los altos precios de los alquileres y parte viene generado por el hecho de que en los últimos ocho años este Ayuntamiento sólo ha entregado 192 viviendas en Málaga, de las cuales 128 se entregaron en 2012, es decir, en los últimos siete años sólo se han entregado 64 VPO». Critica el PSOE que, cuando se da ese dato «vergonzoso», el Ayuntamiento «utiliza la eterna excusa de culpar de ello a la Junta, pero la realidad es que la mayor parte de la financiación en materia de vivienda proviene del Gobierno central a través de los planes estatales de Vivienda, prueba de ello es que las viviendas que se van a construir en el sector Universidad están financiadas al 85,08% por el Gobierno central (10,23 millones de euros) y al 14,92% por la Junta (1,79 millones)».