La peluquería de Javier Arias, en la calle Cruz del Molinillo, casi enfrente del Mercado de Salamanca, era una institución en el barrio. «Mi tío Miguel, que era peluquero, la abrió en los años 40 y en el año 81 u 82 me la traspasó a mí», recuerda Javier.

Se encontraba en una casa de dos plantas que hacía esquina con la calle Curadero, datada a finales del siglo XVIII. La peluquería compartía la planta baja con un conocido depósito de hielo.

Al tratarse de un alquiler de renta antigua, Miguel comenzó pagando mil pesetas al mes y terminó abonando 50 euros.

La casa demolida, con la peluquería en la planta baja. | G.M.

Sin embargo, hacia 2005 recuerda que le notificaron que, a causa del plan de tecnocasas, un convenio entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento en el entorno de la vecina calle Rosal Blanco, tenía que abandonar el local porque iban a comenzar las expropiaciones.

En 2011, Javier explica que llegó a un acuerdo firmado con la Gerencia de Urbanismo por el que recibiría 7.232 euros, por la extinción de un contrato que mantenía desde hacía 30 años.

Sin embargo, las tecnocasas nunca llegaron a edificarse. Las dos administraciones terminaron aparcando el proyecto, aunque en julio de 2013 la Gerencia de Urbanismo demolió el inmueble del XVIII -sin protección arquitectónica en el PGOU- porque sobre él pesaba un expediente de ruina.

Sin el local que regentaba su familia desde los años 40 y como pasaban las semanas y no recibía la indemnización prometida, el peluquero tuvo que pedir un préstamo, que estuvo pagando durante seis años, para poder montar el negocio en otra parte.

Finalmente, pudo encontrar un local próximo, casi en la esquina de la calle Ollerías con la Cruz del Molinillo, aunque el alquiler ya no era de renta antigua y ahora mismo paga 350 euros al mes.

«Me tuve que entrampar porque el dinero que me tenían que dar no me lo daban», subraya Javier Arias, que lamenta que hayan tirado la casa «para nada».

«Al final no se hizo nada de las tecnocasas y yo no he recibido nada de nada», resume.

Como recuerda, la madre del alcalde, Francisco de la Torre, también fue otra de las perjudicadas por no recibir la indemnización, en este caso por la expropiación de una casa en la calle Rosal Blanco. El asunto acabó en una demanda judicial.

En pocos días se cumplirán diez años del acuerdo que Javier Arias firmó con la Gerencia de Urbanismo y el peluquero del Molinillo todavía no ha visto un céntimo. «Casi me buscan la ruina y todavía no he visto un dinero que es mío», lamenta.

Ayuntamiento y Junta

El concejal de Urbanismo, Raúl López, informó a este periódico de que se trata de una cuestión que compete a la administración autonómica. «La contribución monetaria no es municipal», aclaró. Por su parte, una portavoz de la Junta señaló que la cuantía «la debe abonar el Ayuntamiento». Sin embargo, explicó que este pago no se puede realizar aún, «porque todavía no se ha firmado el acuerdo de liquidación del convenio (de las tecnocasas), pendiente de que sea aprobado por los órganos de gobierno del Ayuntamiento».