El 57% del recibo de la luz son impuestos

Un rompecabezas que cada vez resulta más complicado de entender y más caro de afrontar. Eso es lo que piensan de la factura de la luz nueve de cada diez consumidores del país. La última subida de la electricidad ha hecho «pupa» en las economías domésticas y en los costes de las empresas y los comercios. Pero lo que suele pasar inadvertido es que casi el 60% del importe de la factura no se corresponde al consumo eléctrico, sino que va encaminado al pago de impuestos y otros recargos del ministerio de Hacienda de cuyo destino poco se sabe. Es una situación parecida a lo que pasa con el combustible pero, en este caso, resulta mucho más complejo desentrañar los conceptos que hacen aumentar o disminuir el coste de la luz. «Peaje de acceso a potencia, mercado libre o regulado, facturación por energía consumida o por potencia contratada, impuesto de aplicación, impuesto de electricidad y alquiler de equipos de medida y control» son algunos de los términos que aparecen en un recibo al que, en algunos casos, también se le detrae el descuento por el bono social.

La mayoría de los clientes desconoce que cuando paga lo está haciendo al mismo tiempo a la distribuidora eléctrica y a la comercializadora. La primera se encarga de llevar la electricidad al lugar donde se contrata: una vivienda, un comercio o una empresa. Entre sus obligaciones figura la de garantizar la calidad del suministro pero los abonados no pueden elegirla libremente porque, dependiendo del lugar donde se encuentre el punto de conexión, ya está predeterminada. Por su parte la comercializadora es la compañía eléctrica con la que se decide contratar el abastecimiento. En España había registradas en el año 2019 alrededor de 270 empresas comercializadoras de luz para un total de 29 millones de contratos. En caso de contratar el mercado libre el cliente sabe lo que le cuesta el kWh porque tiene un precio fijo establecido y no tiene límite de contrato de potencia. Pero, en el mercado regulado, no se sabe realmente lo que vale el kWh porque el precio varia en función de la ley de la oferta y la demanda. Se trata del grupo mayoritario de abonados y se indica en el epígrafe de la factura «Tipo de contrato» con las siglas PVPC. En esta modalidad no se puede contratar una potencia eléctrica que supere los 10 kilovatios. Y todo ello supone para el consumidor medio enmarañar más, si cabe, el oscuro conocimiento del mercado de la luz.

Pero volviendo a una factura tipo, y poniendo como ejemplo un importe total a pagar de 106,71 euros, el 26% se corresponde con el coste de producción de electricidad: 26,98€ y el 17% con el coste de redes de transporte y distribución: 17,05€. Es decir el cliente pagaría 44,03€ por el consumo real de luz. El resto del importe, hasta los 106,71€, se desglosa en un 22% para impuestos aplicados: 22,61€; un 19% para incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos: 19,27€ y un 16% para otros costes regulados: 16,77€. Cantidad -58,65€- a la que habría que sumarle el alquiler de los equipos de medidas y otros servicios, en caso de tenerlos contratados, y por supuesto el 21% de IVA sobre el total de la factura.

En definitiva, el 57% de la factura está destinado a impuestos y otros recargos regulados en la normativa vigente que son ajenos al gasto energético real. En cualquier caso cabe precisar que los porcentajes pueden ser diferentes en cada factura, ya que dependen del consumo de cada cliente. Y para rizar el rizo en el recibo también se indica el tipo de contador en caso de ser cliente del mercado regulado; aparece un gráfico de consumo que permite ver la evolución del mismo y se ofrece la lectura del contador indicando si se ha facturado sobre lecturas reales o estimadas. Además, quienes tengan bono social -solo se puede obtener en el mercado regulado- disponen del concepto descuento por bono social. Por contra, en las facturas del mercado libre la información sobre algún descuento solo aparece al final.

El impuesto eléctrico

Es también importante tener en cuenta que el impuesto eléctrico tiene la consideración de especial y responde a la misma naturaleza que los que gravan el alcohol, el tabaco o los hidrocarburos. Se calcula de la forma establecida por la legislación, multiplicando lo que se paga por el consumo de electricidad y la potencia contratada por 1,05113. Pero a este resultado se le tiene que aplicar un porcentaje del 4,864%. Y en lo que respecta a otros de costes regulados, hay que puntualizar que se consideran como tal los incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos; los pagos a los operadores del sistema y del mercado por retribución; los pagos por capacidad del sistema en función de los periodos tarifarios así como las cuantías que resulten de aplicar las pérdidas.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) asegura que en la factura está la clave para ahorrar energía. Por ejemplo contratando la potencia que realmente se necesita o pasando a una tarifa de discriminación horaria. No obstante, también advierte de que son las propias compañías las que demuestran muy poco interés por evitar la confusión de la clientela. Y desde luego lo consiguen porque, según los datos que maneja la OCU, solo un 11% de los consumidores entiende por completo su factura de la luz. Una factura que, por cierto, tampoco es igual en el mercado regulado que en el mercado libre.