Los bancos han acelerado durante la época de la pandemia su dinámica de cierre de oficinas, acentuando así la continuidad de un proceso que se inició a partir del estallido de la crisis financiera de 2008 y que, en el caso de Málaga, les ha llevado a clausurar ya 753 sucursales o, lo que es lo mismo, el 55% de la red de más de 1.400 que llegaron a tener operativa por aquel entonces. Sólo entre marzo de 2020 y marzo de 2021 se cerraron más de 60 sucursales en Málaga, según los últimos datos publicados esta semana por el Banco de España, dejando el total en 659, a niveles de hace mitad de 1982, hace casi 40 años.

Los diversos procesos de concentración en el sector y la necesidad de adelgazar estructuras para reducir costes y elevar la rentabilidad, sumado a la irrupción de las nuevas tecnologías (que permiten al cliente hacer gran parte de sus operaciones de forma telemática) han propiciado que las entidades financieras sigan inmersas en una estrategia a la que, según los expertos, le queda aún bastante recorrido.

«Tras el estallido de la crisis de 2008, los problemas de baja rentabilidad del sector (en años más recientes como consecuencia añadida del entorno de muy bajos tipos de interés) han obligado a un intenso ajuste a la baja en la capacidad instalada, tanto en número de oficinas como de empleo. El impacto del Covid-19 supondrá más cierres de oficinas por dos motivos: por la necesidad de seguir reduciendo costes, y por el impulso que ha recibido la banca online como consecuencia de las restricciones impuestas a la movilidad», dice el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) en su reciente informe de accesibilidad de la población a las oficinas bancarias, elaborado para la Fundación Ramón Areces.

El fenómeno genera además inquietud a nivel social por el riesgo de que los clientes de mayor edad y situados en el ámbito rural, menos habituados a realizar sus gestiones por internet, puedan verse expuestos a una cierta «exclusión financiera». En realidad los bancos, a la hora de ir cerrando oficinas, han aplicado estos años criterios de pura rentabilidad. Las clausuras fueron así afectando a las sucursales de menos clientes y que reunían un menor volumen de negocio, situadas en muchos casos en pueblos de pequeño tamaño.

Pueblos de interior

El informe del IVIE detalla que en Málaga, a cierra de 2019, había 28 municipios del total de 103 de la provincia que ya no tenían ninguna sucursal (es decir, un 27,3%). La lista la componen Alcaucín, Alfarnatejo, Almogía, Alpandeire, Árchez, Arenas, Atajate, El Borge, Cartajima, Canillas de Aceituno, Cuevas Bajas, Cuevas del Becerro, Cútar, Faraján, Guaro, Iznate, Júzcar, Macharaviaya, Moclinejo, Parauta, Salares, Sayalonga, Sedella, Tolox, Totalán, Valle de Abdalajís, Montecorto y Serrato. Al tratarse de localidades muy pequeñas de las comarcas de interior el porcentaje de población en esta coyuntura es bajo. Según, el IVIE son cerca de 29.300 malagueños los que residen en algunos de estos municipios que se han quedado sin oficinas bancarias, lo que representa únicamente el 1,8% de la población de la provincia.

En el conjunto de España, donde había más de 46.100 oficinas en 2008, se han cerrado por el momento 24.217, quedando ahora 21.901, o sea, menos de la mitad. Esta drástica reducción del parque de sucursales ha propiciado que, de los 8.131 municipios que hay a nivel nacional, 4.287 (un 52,7%) no cuenten ya con oficina bancaria. En estas localidades residen 1,39 millones de personas, lo que supone un 3% de la población en España. Y es que el 82,2% de los municipios españoles que no tienen oficinas bancarias sean de un tamaño inferior a los 500 habitantes, y el 93,1% tiene menos de 1.000 habitantes.

El estudio del IVIE presenta también dos curiosos datos: la distancia que debe recorrer una persona para tener acceso a una sucursal desde un municipio que no la tiene y el tiempo necesario para acceder a ella en coche, aplicando para su determinación medias ponderadas a partir de la población afectada en cada municipio. Así, se desprende que a nivel nacional, la media ponderada es de 8 kilómetros y casi 11 minutos. La provincia de Málaga, por su parte, presenta medias superiores: 10,3 kilómetros y cerca de 18 minutos. Se da además la circunstancia de que ese tiempo que se lleva el desplazamiento es el más alto a nivel provincial de todo el país, por delante de los 15,1 minutos de Las Palmas o los 14,7 de Castellón.

Un colectivo vulnerable

«Una caída tan intensa en la red de oficinas no implica necesariamente un problema de exclusión financiera siempre que exista al menos una oficina cercana al lugar de residencia de la población o, en caso de que no haya ninguna, existan otros canales de acceso a los servicios financieros como la banca online», aclara el estudio. Eso sí, el propio IVIE recuerda, no obstante, que todavía existen colectivos de población vulnerables desde el punto de vista financiero para los que no tener acceso a una oficina bancaria sí puede ser sinónimo de este tipo de exclusión.

«Nos estamos refiriendo a personas que viven en municipios donde no llega internet, que no tienen dispositivos a través de los que conectarse a la red, y/o no tienen las habilidades mínimas necesarias para utilizar la banca online. En estos casos, es la administración pública la que debe resolver el problema», afirma. En primer lugar, asegurando que la red llegue a todos los municipios de España, o en otros casos, colaborando con la banca en la instalación/mantenimiento de cajeros automáticos (que prestan servicios financieros básicos) y en la prestación de servicios (como minibuses que se desplazan por los pueblos).

Voces conocedoras del sector reconocen que para el colectivo de personas más mayores, el hecho de no tener una sucursal bancaria cercana les puede suponer más trastorno de lo que se cree. «A ellos les cuesta más habituarse a la digitalización. Y acercarse a la oficina de otro municipio, aunque está cerca, es también algo incómodo porque supone tener que coger el coche u otro medio de transporte. El proceso de cierre de oficinas y de instauración de la banca electrónica está siendo tan acelerado que a algunos no les está resultando fácil adaptarse», afirman. En algunas ocasiones, la estrategia de los bancos está siendo, efectivamente, la de dejar a agentes comerciales en estos pueblos para necesidades concretas de asesoramiento de sus clientes.

La situación, en todo caso, seguirá agudizándose en los próximos años. La comisión financiera del Consejo General de Economistas de España recuerda que si la banca ha echado el candado en el país a algo más de la mitad de sus oficinas para dejarlas en algo menos de 22.000, el pronóstico es que en el plazo de unos cinco o siete años podrían cerrarse otras 11.000 (es decir, la mitad de las que siguen abiertas). En Málaga, ese vaticinio dejaría a la provincia con unas 330 sucursales.

«El proceso de operatividad digital es imparable y hará que cada vez sea menos necesario ir a las oficinas. La situación originada por el coronavirus ha servido incluso para acelerar esta dinámica. Las sucursales se quedarán sólo para dar servicios especializados, tipo banca privada o empresas, o para operaciones donde los clientes vayan a asesorarse sobre productos», afirman los economistas.