Dos detenidos en Málaga por estafas en el alquiler de alojamientos por internet

La Guardia Civil y la Ertzaintza han desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de estafas en el alquiler de alojamiento turísticos por internet. Se ha detenido a diez personas, cinco de ellas en Madrid, dos en Gipuzkoa, dos en Málaga y una en Sevilla, otras 20 están siendo investigadas, y se han realizado cinco registros domiciliarios. A los implicados se les imputan los presuntos delitos de estafa agravada, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y falsedad documental. La principal actividad de la organización desarticulada era la estafa mediante el falso alquiler vacacional, la clonación de tarjetas de crédito y la venta fraudulenta de paquetes vacacionales.

El inicio de la investigación se remonta a 2018, al detectarse una serie de estafas en alquileres turísticos, teniendo como denominador común que las viviendas ofertadas se publicitaban de forma fraudulenta como ubicadas en distintas localidades de la costa gaditana. La Guardia Civil y la Ertzaintza recogieron múltiples denuncias relacionadas con los hechos y a partir de ese momento se dio inicio a una investigación conjunta. La estafa se llevaba a cabo mediante la inserción de anuncios en diferentes web creadas a tal efecto y donde, a través de empresas ficticias, se ofertaban falsos alquileres de alojamientos. Además de esta modalidad, también cometieron estafas relacionadas con la compra de inmuebles y con la imposición de cargos fraudulentos sobre tarjetas de crédito de terceros.

La investigación permitió conocer que las estafas realizadas irían más allá de simples actuaciones aisladas, cometidas por personas sin un nexo de unión, estando orquestadas por una organización internacional perfectamente jerarquizada, cuyo liderazgo estaría ejercido por uno de los hackers más activos del momento, a criterio de las autoridades judiciales y policiales de media Europa.

Esta investigación desveló que las actividades desarrolladas por la organización, habrían proporcionado unos beneficios de más de 4 millones de euros, llegando a afectar a más de 300 personas mediante el alquiler fraudulento de pisos y paquetes vacacionales, clonación de tarjetas de crédito, o la intervención en operaciones de compra-venta de complejos hoteleros. Para mover el capital generado mediante su actividad delictiva, la organización insertaba anuncios en portales de internet, donde se ofertaba trabajo, y a la postre resultaba que los candidatos seleccionados, por su situación de vulnerabilidad, debían ejercer de «mulas» de dinero, debiendo ser titulares de cuentas bancarias, donde las víctimas ingresaban los importes estafados, que rápidamente eran movidos por circuitos financieros opacos hasta escalones superiores de la organización.