Es el llamado escudo social del Gobierno central. Se trata de medidas que, durante el año y medio largo de pandemia, han tratado de proteger a las familias y personas en riesgo de exclusión social. Pero todo tiene su fin y una de esas herramientas estrella concluirá el 9 de agosto. Ese día concluye la prórroga aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de mayo para que se solicitase por parte de los afectados una moratoria o condonación parcial de la deuda de la mensualidad del alquiler, siempre que el propietario sea un gran tenedor o una entidad pública. Asimismo, también se prorrogó la suspensión de desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables en su vivienda habitual, en los casos ya previstos por la actual normativa, y se extendió la prórroga extraordinaria de seis meses de los alquileres de vivienda, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. Ese precipicio administrativo amenaza, directamente, a más de 500 familias vulnerables en Málaga capital, de forma que en septiembre, mes hábil judicial tras el parón de agosto, se dispararán los desalojos de viviendas.

Esta cifra la da el presidente de Abanico Solidario, Francisco Álvarez, cuyo colectivo ayuda a las personas que se enfrentan a este complicado trance vital de perder su casa. Al ser preguntado sobre si el final de la moratoria en el pago de alquileres e hipotecas supondrá que muchas personas acaben siendo desalojadas, Álvarez indicó: «Totalmente, cientos y cientos. El problema no es parar un desahucio, sino que no se ha normalizado el problema».

«Hablamos de más de 500 familias. Yo, en la asociación, llevo ciento y pico casos. Estamos parando uno o dos desahucios por semana, acogiéndonos al escudo social o hablando con los fondos y los bancos», recalca. «Agosto es inhábil, pero en septiembre podría producirse una hecatombe», destaca. «Espero que el Gobierno prorrogue el tema de los desahucios indefinidamente, al menos hasta que se apruebe la nueva Ley de Vivienda. También necesitamos alquileres sociales».

En su opinión, las ayudas al alquiler que está dando el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) «son un fracaso. Una persona viene de un desahucio, le dan la ayuda del plan, pero no se lo cogen, porque los dueños no formalizan los contratos o han tenido malas experiencias anteriores con las familias o el IMV no paga a tiempo, tardan en pagar; este año, mientras que se amplía el plan uno, los propietarios no cobran desde marzo, no cogen las ayudas al alquiler... es un fracaso».

En cuanto a las deudas hipotecarias, asegura el presidente de Abanico Solidario que hay mucha gente que quiere pagar, pero «los bancos quieren echarlos». Desde su punto de vista, sería muy necesario hacer un fichero de las viviendas vacías pertenecientes a los bancos, «lo suyo es ver cuántos hay vacíos y ponerlos luego al servicio del IMV». Denuncia Álvarez que, en los sorteos de VPO del Ayuntamiento, por ejemplo, «hay una gran rigidez. Represento a una mujer, por ejemplo, que tiene 36 años y el sorteo era para menores de 35, sólo cuenta con un año más, pero cuándo se ha de tener en cuenta la edad, ¿en el momento de solicitarlo o cuando te lo dan?».

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Leticia González, de Stop Desahucios, asegura que la moratoria no ha supuesto «ningún oxígeno» a la situación que se está viviendo, y cree que sí, que a partir del 9 de agosto probablemente haya más desalojos que antes de la pandemia, «pero hemos tenido gente con informes de vulnerabilidad, que cumplían todos los requisitos, casos que conocemos en los que pensábamos que no iba a haber desahucios y los ha habido, ahora se dará un repunte de la situación, pero no hemos tenido ni tregua ni oxígeno. Se reactivarán los casos parados, pero no ha habido tregua», dice, además de subrayar la «represión» que han sufrido en estos desalojos que ha habido en las últimas semanas, además de no comprender por qué en algunos casos los jueces deniegan el beneficio de la moratoria cuando muchos de los asuntos que su asociación asiste cumplían los requisitos.

Ángel Yagüe, coordinador del Instituto Andaluz de Estudios Financieros, indica que ahora se está dando un fenómeno muy peculiar y es que están repuntando los recursos por cláusulas abusivas al ser un mecanismo de defensa «óptimo» para parar el desalojo. Asegura que, cuando se produce el impago de la cuota hipotecaria, el bando declara el vencimiento anticipado, calcula cuánto se le debe y se hace la tasación de intereses, de forma que luego se lleva a notaría para que se certifique. Con el certificado «se va al banco: no es superfrecuente que esté mal calculado, pero no es infrecuente que lo esté, lo digo como reflexión». Eso se puede reclamar como cláusula abusiva. «Hay más resistencia de los deudores hipotecarios», subraya, es decir, personas que luchan hasta el último minuto para tratar de mantener su hogar. También denuncia que muchos bancos prefieren pleitear a pagar por el tema de cláusulas abusivas, llevando a los juzgados al colapso.