Atrapados por el saneamiento

«Los vecinos no tenemos una situación económica buena porque la mayoría es gente mayor y los que no, estamos parados, así que nos vemos totalmente desamparados. No lo veo justo», confiesa Luisa Rojas, vecina de la barriada de Girón.

Luisa es una de las vecinas de los seis bloques de la esquina de Héroe de Sostoa y la avenida de la Paloma (lateral izquierdo) hasta la calle Jorge Guillén, todos ellos afectados por atoros continuos en el saneamiento, una situación que Emasa les ha trasladado que no le compete, al tratarse de las tuberías de aguas fecales que van de los bloques a la red general y que deben mantener los propietarios de los pisos.

Los vecinos han sondeado qué presupuesto tendrían que afrontar y les han hablado de cifras entre 30.000 y 40.000 euros por bloque, cuando en cada uno de ellos sólo viven seis familias.

«Yo aquí no puedo pagar nada», responde con rotundidad Antonia Gallego, de 84 años, vecina del barrio desde 1956, que comenta que, precisamente, viene del Ayuntamiento «de solicitar una ayuda económica». Ahora mismo vive con 600 euros al mes.

Luisa Rojas recuerda además que cada vez que hay atoros, los vecinos llaman por su cuenta al camión del desatoro pero es pan para hoy y hambre para mañana, además de un gasto considerable: la última vez, el mes pasado, 800 euros.

«Todo el mundo que ha venido a limpiar te dice que lo que hay que hacer es una limpieza general de toda la línea, tramo por tramo», comenta Luis Rojas, que también resalta que la tubería tiene roturas y debe ser reparada.

Por su parte Carmen Aldana, otra vecina, recuerda que los bloques fueron tradicionalmente «de protección oficial», hasta que pasaron a propiedad de los vecinos. «El problema es que no sabemos cuándo pasaron a los vecinos y además, cuando se entrega el barrio tenía que entregarse bajo unas condiciones y con la certificación de que el saneamiento estaba enteramente revisado, pero esa certificación tampoco la tenemos», lamenta. En este sentido, los vecinos piden responsabilidades a Emasa y a la Junta, la administración que entregó la propiedad de los pisos.

Una portavoz de Emasa respondió a los vecinos que «con independencia de la situación de la barriada años atrás, lo que marca la normativa es que el mantenimiento de las infraestructuras propiedad de particulares corresponde a ellos». También subrayó que desde que inspeccionó los atoros por vez primera en 2018 el problema «se va agravando».