La Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga y Provincia (Apoma) ha advertido este jueves de que la aplicación de los actuales mapas de inundabilidad planteados por la Junta de Andalucía supondrían, en su opinión, "una paralización de la actividad industrial y, en consecuencia, económica" para la ciudad.

"De confirmarse estos documentos, que actualmente están en fase de exposición pública, las zonas afectadas por las posibilidades de sufrir inundaciones en 10, 50, 100 o 500 años se incrementaría notablemente con respecto a los mapas anteriores, que ya eran tremendamente restrictivos y alarmantes y que anularon los Tribunales de Justicia", ha señalado el presidente de Apoma, Antonio López, que ha estado acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio y vocal de Apoma, Sergio Cuberos, y por el abogado Manuel Jiménez. Los empresarios afirman que van a presentar alegaciones y, en caso de que no sean atendidas sus reclamaciones y el planteamiento de la Junta siga adelante, se muestran también dispuestos a volver a presentar recursos contencioso-administrativos, como hicieron en su momento.

Apoma está integrado por 15 polígonos y parques industriales y empresariales que ocupan 6,8 millones de metros cuadrados, con más de 4.000 empresas y casi 43.000 trabajadores. El 60% de los ratios están afectados por la inundabilidad.

Los empresarios aseguran que la situación es "peor" que cuando Apoma presentó una solución alternativa avalada por el proyecto de Manuel Aldeanueva. "Ahora, además de una metodología mucho más restrictiva, que nos lleva a valores absurdos, se han incluido los problemas que podrían causar los arroyos afluentes del mismo, como el Arroyo las Cañas, encauzado para un periodo de retorno de 500 años según los criterios técnicos del año 2002", apuntan.

López ha reiterado que los nuevos mapas (actualmente en fase de exposición) son "aún más perjudiciales" para la actividad que los planteados con anterioridad, y ha cometado que, a su juicio, sería más correcto realizar los estudios teniendo en cuenta el proyecto de defensa contra inundaciones del río Guadalhorce que va a acometer el Gobierno andaluz a partir de una iniciativa presentada en su día por la propia Apoma y que, en principio, debería estar acabado para finales de 2022.

Según ha recordado, la ejecución del proyecto permitiría reducir "considerablemente" estas zonas inundables al mantener el caudal del Guadalhorce dentro de su cauce, eliminando el riesgo en la parte baja.

"Sin embargo, si entran en vigor estos mapas que actualmente están en exposición pública nos podemos encontrar que haya millones de metros cuadrados donde sea muy difícil, desde el punto de vista legal, hacer cualquier actuación urbanística durante muchos años. Exigimos que estos mapas recojan los cambios que supondrían la actuación que va a ejecutar la Junta de Andalucía para reducir el riesgo de inundación y evitar la indefensión jurídica para miles de empresarios", ha añadido.

Los empresarios afirman que la situación actual es de incertidumbre: "¿Cómo queda la inundabilidad después? El objetivo debe ser inundabilidad cero, venga del río, venga de los arroyos, ¿qué pasa con la seguridad jurídica en el transcurso de tiempo que pase hasta la finalización de la obra?, ¿es una barbaridad realizar decenas, cientos o miles de medidas individuales correctoras hasta tanto tengamos inundabilidad cero?", se han preguntado.

En concreto, el proyecto de la Junta prevé una inversión de 8,9 millones de euros y dotará de capacidad de desagüe al tramo actualmente encauzado del río de 500 años de periodo de retorno. Esta solución no se considera definitiva, pero sí servirá para paliar el problema hasta que el Gobierno pueda construir el nuevo puente de la carretera MA-21 sobre el río, una actuación mucho más costosa (se calculan 60 millones) y para lo que, de momento, no hay previsión.

La obra prevista permitirá rebajar en más de la mitad la superficie de inundabilidad actual para 500 años de periodo de retorno, pasando de las 1.011 hectáreas inundables actuales a las 427 hectáreas una vez ejecutada la misma.

"Agradecemos a la Junta que hiciera suyo nuestro proyecto, pero lo que decimos es que los mapas de inundabilidad deben plantearse a partir de esa obra. No podemos afrontar un periodo donde no todavía se sepa si se puede construir en un suelo o no. Hay muchas empresas que quieren venir a Málaga y no tienen lugar para hacerlo. Y nos preguntamos: con el paro que tenemos, ¿es algo que nos podamos permitir?", se pregunta el presidente de Apoma.

Los empresarios advierten de que, en caso de que los planes de inundabilidad no se modifiquen o recojan esta excepción, no se podrá actuar sobre ninguna de las superficies que están en las zonas afectadas, salvo que cada empresa realice las medidas correctoras pertinentes de forma individualizada. "Esto supondrá la paralización del desarrollo industrial de Málaga en un momento histórico tan importante como el actual, en el que se ha puesto de manifiesto que es fundamental contar con un tejido productivo que vaya más allá del sector turístico", ha insistido López.

Apoma también ha denunciado el mal estado de conservación en el que se encuentran los cauces de los arroyos que cruzan los polígonos en la ciudad y pide a las administraciones públicas que definan sus competencias en este sentido. "A tenor de la situación actual, una crecida por fuertes precipitaciones puede causar grandes daños a todas las zonas aledañas a los mismos", han avisado.