El asesinato de Samuel muestra la peor cara de la LGTBIfobia

El asesinato de Samuel Luiz, joven coruñes de 24 años, ha supuesto un punto de inflexión en toda la sociedad. La LGTBIfobia ha mostrado su peor cara en años y ha buscado responsabilidades en el sistema, en las instituciones y en la ciudadanía en general.

«Este caso ha hecho levantarse a mucha gente que está cansada de la violencia hacia el colectivo. Ahora, ¿en qué medida va a calar esto en la sociedad? Los asesinatos los condena cualquiera, pero también hace falta ver quién y cuántos son capaces de reaccionar y pararle los pies al amigo que hace bromas homófobas», cuenta Ana Martín, joven malagueña e integrante del colectivo.

La Asociación Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA, por sus siglas en inglés) en un estudio elaborado en 2019 sitúa a España como el undécimo país europeo con la legislación más progresista en favor de los derechos. A pesar de esto, casos como el de Samuel muestran que no todo está hecho.

Relatos como el de Benjamín Cristian, malagueño y activista transexual, también hacen ver que queda mucho por avanzar para lograr una igualdad real y efectiva: «A mí me sacaron del armario, me expusieron como persona trans de forma violenta en un momento en el que no estaba preparado para salir de él. Por si fuera poco, he recibido acoso callejero en varias ocasiones, así como gente que me ha gritado y me ha preguntado qué era, si un hombre o una mujer. En general, he vivido bastantes malas experiencias, hasta profesores que se han reído de mí cuando les he pedido que respetaran mi identidad», relata el joven malagueño.

Concentración en repulsa por la muerte del joven Samuel en la plaza de la Constitución de Málaga

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Las asociaciones del colectivo tienen un papel fundamental en el problema de la LGTBIfobia. Antonio Ferrer, presidente de la Federación Andalucía Diversidad LGTBI, narra cómo es el protocolo que siguen estas organizaciones sin ánimo de lucro: «Lo primero que hacemos es escucharlo, comprenderlo y empatizar para apoyarlo. Lo siguiente depende de qué tipo de caso es: miedo, indiferencia de la sociedad, acoso, violencia o agresión. A continuación, y según las necesidades del caso, le prestamos asistencia psicológica y jurídica. Además, le ofrecemos el servicio de acompañamiento para denunciar y le invitamos a unirse al grupo para que no se sienta solo».

Gran parte de la ciudadanía se ha expuesto en redes sociales la relación directa del crecimiento de la extrema derecha en las tertulias, en las urnas y en los parlamentos con el aumento de las agresiones al colectivo.

«Sí, estos discursos de ciertos líderes políticos animan y alimentan los prejuicios hacia las personas del colectivo y legitiman las agresiones físicas y verbales», comenta Charo Alises, responsable de la Asociación LGTBI Ojalá Málaga. En cambio, Ramón Pérez, joven malagueño e integrante del colectivo, piensa que la extrema derecha no ha hecho que crezcan las agresiones porque «siempre han existido», pero sí opina que «les ha hecho creer a esa gente que no respeta el colectivo que su opinión es válida aún faltando el respeto a la libertad de las personas», añade el malagueño.

En el problema tan grave que supone la LGTBIfobia, no hay que olvidar las bromas, los silencios o la indiferencia de a los que no les afecta. Paula Tejada, joven malagueño e integrante del colectivo, manifiesta que este tipo de comportamientos influyen en los posteriores delitos de odio. «Tendríamos que intentar eliminarlos, tanto dentro como fuera del colectivo, debemos unirnos para proteger nuestros derechos».

La invisibilización de la realidad de las personas integrantes del colectivo es un hecho que se puede comprobar en las escasas estadísticas oficiales. En relación a esto, Charo Alises expone: «Existen datos desde hace muy pocos años y el problema de la LGTBIfobia es la infradenuncia. Sólo se denuncian el 10% de los delitos de odio que se cometen, con lo cual hay una cifra sumergida del 90%. Esto hace que el problema en cifras oficiales parezca una problemática menor y menos grave de lo que en realidad es. La desconfianza hacia las instituciones, la normalización de la violencia, el desconocimiento de derechos y la falta de formación judicial en este ámbito son problemas que inflan las infradenuncias y reduce las cifras, no porque no ocurran, sino porque no se denuncian».

Por su parte, el presidente de Federación Andaluza Arco Iris LGTBI+, Gonzalo-Félix Jawara, declara que «la solución de este país pasa por impartir una educación más inclusiva, que consiga hacer que todo el mundo entienda la diversidad y la respete».