Cerca de 25.000 malagueños residen en municipios donde, según un artículo analítico del Banco de España publicado ayer, hay mayores  dificultades para el acceso a la retirada de acceso de dinero en efectivo, ya sea debido la inexistencia de oficina bancaria o cajero automático en su localidad o a que la distancia que se debe recorrer para llegar al punto más cercano donde realizar esta operación supera los tres kilómetros. En general, estos municipios se sitúan en las áreas de interior de la provincia, principalmente en las comarcas de la Axarquía, Ronda, Antequera, y el Banco de España los coloca en un nivel «medio de vulnerabilidad» a la hora de obtener dinero en efectivo.

El estudio del organismo regulador refleja que 14.962 personas viven en 21 localidades malagueñas donde ya no hay posibilidad de conseguir la retirada de dinero en efectivo, lo que supone el 0,9% de la población de la provincia. Pero el análisis del Banco de España eleva la cota de población en riesgo «medio» al 1,5% al incluir también a los habitantes de otras localidades que, aunque sí tengan alguna oficina o cajero, presentan un promedio de 0,6 puntos de acceso por cada 1.000 habitantes, una distancia media a ellos de tres kilómetros, un porcentaje de población mayor de 60 años que supera el 35% del total y una renta disponible está por debajo de la media nacional.

La provincia de Málaga no cuenta, al menos, con ninguna parte de su población situada en el grado de «vulnerabilidad alta», como sí ocurre en algunas zonas de lo que se conoce como «la España vaciada». En concreto, así le ocurre a unas 340.000 (un 0,7% de la población española) que vive en municipios pequeños (de unos 400 habitantes), principalmente en las provincias de León, Salamanca y Zamora. Se caracterizan por no contar con sucursales o cajeros, estar a una distancia media de 9,4 kilómetros del punto más próximo, tener una población mayor de 60 años que supera el 40%, y disponer de una renta disponible inferior a la nacional.

Por su parte, un millón de ciudadanos viven en zonas de vulnerabilidad «media». Las provincias gallegas de Lugo, La Coruña y Orense concentran cerca del 24 % de esta población. El tamaño medio de estos municipios es de unos 1.700 habitantes.

En total, sumando vulnerabilidad «alta» o «media», el Banco de España ha advertido de que en torno al 3% de la población española, 1,3 millones de personas, encuentra dificultades a la hora de obtener dinero en efectivo. La falta de sucursal y de cajero, en concreto, afecta a más de 4.100 pueblos en esta situación con 1,2 millones de habitantes.

El artículo analítico publicado por el organismo señala que aunque la vulnerabilidad en el resto de España es «baja», se deben impulsar «soluciones alternativas», como usar las oficinas de Correos como complemento a las sucursales, para garantizar el acceso al efectivo de toda la población.

Una tendencia irrefrenable

Desde 2008, el número de oficinas bancarias ha disminuido cerca del 50%, mientras que el total de cajeros automáticos se ha recortado un 20%. En el caso de Málaga, se han clausurado ya 753 sucursales o, lo que es lo mismo, el 55% de la red de más de 1.400 que había operativa por aquel entonces, quedando ahora 659.

No obstante, esta reducción «ha sido desigual entre provincias», lo que ha provocado un efecto asimétrico. A cierre de 2020, el número de oficinas bancarias y de cajeros automáticos de todo tipo en España era de 22.299 y 49.481, respectivamente, lo que supone 1,5 puntos de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes del territorio español.

Los cajeros de operadores independientes se concentran en grandes núcleos urbanos de la vertiente mediterránea, y en el sur y el centro peninsular, y se instalan en zonas de elevado tránsito, como las estaciones, aeropuertos o centros comerciales. Pero en las zonas rurales son menos frecuentes, indica el documento, que destaca que sólo el 1% de los 6.000 cajeros de estos operadores está instalado en municipios de menos de 10.000 habitantes.

Castilla y León es la comunidad con la cobertura menos amplia, con Zamora y Ávila como las provincias con las ratios más bajas de población que disponga de una sucursal bancaria o un cajero en un radio de 5 kilómetros.

Esta «significativa» diferencia se explica por su menor densidad de población, así como por la orografía del territorio, que han hecho que, históricamente, la cobertura haya sido menor y se haya tenido que ver compensada, en parte, por agentes financieros u oficinas móviles.

A esto se suma el proceso de consolidación bancaria, que ha intensificado una situación cuyo punto de partida ya era menos favorable, y es que en 2008, más del 70 % de los municipios castellanoleoneses no contaban con oficina, lo que afectaba al 13 % de la población de la región.

Es previsible que el número de oficinas y de cajeros continúe reduciéndose en los próximos años, ante la creciente digitalización y la búsqueda de una mayor eficiencia. Esta tendencia se está viendo parcialmente compensada por el auge de ciertas alternativas, apunta el artículo, que se remite al uso de la red de Correos. Y es que mientras en países como Irlanda, Reino Unido o Australia, el uso de las oficinas postales para estas operaciones «está muy extendido en zonas rurales», en España «es todavía poco habitual». Con todo, cree que, de generalizarse su uso, podrían ser «puntos de acceso complementarios» a sucursales y cajeros, de modo que el 99% de españoles tendría uno en un radio de cinco kilómetros.