Los jóvenes malagueños menores de 30 años siguen teniendo muy complicado el acceso a la vivienda al tener que destinar entre el 60% y el 70% de su sueldo neto para poder comprar una vivienda libre, una franja de porcentaje algo por encima de la media nacional (que es de casi el 60%) y que supera con mucho el 30% que las entidades financieras suelen emplear como criterio para determinar la viabilidad de un préstamo hipotecario, según el último estudio elaborado por el Consejo de la Juventud de España (CJE) con datos a cierre de 2020.

Málaga continúa siendo además la provincia andaluza donde la juventud tendría que hacer mayor esfuerzo, seguramente por el hecho también de que los pisos suelen presentar los valores más caros de toda la comunidad. Así, en Cádiz los jóvenes estarían obligados a dedicar entre el 50% y el 60% del salario; mientras que en Sevilla, en Córdoba, Granada y Almería se movería entre el 40% al 50% y sólo en Jaén la tasa estaría entre el 30% y el 40%.

Por delante de Málaga en cuanto a esfuerzo de salario estarían Madrid, Barcelona, Baleares, Vizcaya y Guipúzcoa, todas con porcentajes superiores al 70%.

En cuanto al alquiler, los datos nacionales indican que el esfuerzo para un joven menor de 30 años en solitario sería del 91% de su salario, una tasa que, en caso de vivir en un piso compartido, sería del 27,8%, En Andalucía, el esfuerzo medio para una persona sola sería del 80%.

Con este panorama, el mercado de la vivienda, pese a un cierto estancamiento en 2020 de los precios de los pisos y de las rentas del alquiler debido al impacto de la pandemia, sigue siendo así prácticamente inalcanzable para la mayoría de jóvenes. Esas opciones de compra también vienen lastradas por los requisitos previos de solvencia y ahorro que pocos jóvenes pueden llegar a satisfacer. La emancipación residencial de las personas jóvenes sigue en mínimos históricos. Tan solo el 15,8% de la población de entre 16 y 29 años en España está residiendo fuera del hogar familiar, tres puntos por debajo de los niveles prepandemia.

La caída de la emancipación para la población de entre 30 y 34 años es aún más acusada, con un descenso de 2,6 puntos (del 71,8% en 2018 al 68,9% actual).

La irrupción de la pandemia, como ya se señaló en la edición anterior del Observatorio de Emancipación, fue acompañada de una «brusca caída» de la emancipación residencial de la población de 16 a 29 años en España durante la primera mitad de 2020. «Paradójicamente, con la relativa reactivación macroeconómica que empezó a registrarse a partir del tercer trimestre del pasado año, se acentuó todavía más la pérdida de autonomía residencial de la población joven», afirma el estudio.

Aunque inicialmente también se podría considerar que la relativa bajada de precios de las casas en la pandemia podría haber acarreado una mejora en las posibilidades de los jóvenes, el CJE advierte de que «nada más lejos de la realidad».

«Los niveles de endeudamiento necesarios siguen superando ampliamente la capacidad adquisitiva de una persona joven asalariada», comenta. Además, a finales de 2020 apenas el 36,4 % de las personas jóvenes estaba trabajando, «en una coyuntura de fuerte incidencia de la temporalidad contractual que lastraba la estabilidad económica necesaria para hacer frente a los pagos derivados de la vivienda».

Baja emancipación andaluza

En lo referente a Andalucía, el nivel de emancipación residencial registrado entre las personas jóvenes, muy debilitado ya antes de la irrupción del Covid-19, continuó en descenso y mostrando valores por debajo de la media estatal a finales de 2020. Apenas un 13,3 % de la población de entre 16 y 29 años residía en una vivienda independiente, algo menos que a mediados de ese año (14%). El CJE recuerda que a mediados de 2020 la pandemia había impactado muy negativamente en la presencia juvenil en el mercado laboral andaluz, si bien se experimentó cierta mejoría en el segundo semestre de 2020.

«Sin embargo, la leve recuperación de la actividad y el empleo fue exigua, ya que la población joven andaluza permanecía a la cola del resto de comunidades en términos laborales: apenas 2,9 de cada 10 jóvenes tenían un puesto de trabajo en el segundo semestre. La tasa de paro de la población joven era de las más altas del país. Además, entre quienes trabajaban, la probabilidad de hacerlo en condiciones de subocupación y temporalidad resultaba mucho más elevada que en el conjunto nacional», detalla.