Los vecinos que se oponen al SARE en la calle La Unión y alrededores no han tirado la toalla. La Asociación de Vecinos La Coooperación de la Cruz del Humilladero presentó el pasado 23 de agosto un escrito ante el Defensor del Pueblo Andaluz en el que pide amparo y denuncia lo que considera la imposición municipal de la zona azul desde el pasado 2 de agosto. En total son 241 plazas de aparcamiento regulado.

La asociación, que ya tiene constancia de la recepción del escrito por la oficina del Defensor del Pueblo, ha puesto en marcha una campaña en las redes para que los vecinos se sumen a la denuncia rellenando un escrito de adhesión.

El colectivo vecinal manifiesta en este documento su «indignación» ante lo que considera una decisión «unilateral», tras un periodo de prueba del SARE que también califican de «impuesto», pese a que los vecinos y comerciantes han rechazado esta medida en cuatro ocasiones. A este respecto, recuerdan que en la última consulta vecinal, 104 comercios se manifestaron en contra del SARE frente a sólo cuatro a favor.

Otro motivo para dirigirse al Defensor del Pueblo ha sido el silencio del Ayuntamiento sobre la falta de respuesta a las alegaciones que presentaron en diciembre de 2020.

Además, la denuncia aprovecha para criticar al equipo de gobierno, al recordar que SMASSA, la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, está participada en su accionariado por dos entidades privadas, «y la obligación del equipo de gobierno (...) no es apoyar los intereses de empresas privadas sino atender las justas reivindicaciones de sus vecinos y vecinas».

Escrito de adhesión a la solicitud de amparo y denuncia por el SARE en el barrio. L.O.

El documento también califica de «simulacros de reunión» los encuentros con el Consistorio, lo que motivó que Cooperación, que se mostró muy crítica con el concejal de Movilidad, José del Río, dejara de acudir a estas citas.

Otro punto que subrayan es que la implantación de la zona azul en la calle La Unión y su entorno «supone un agravio comparativo contra los intereses generales de los vecinos y vecinas de nuestro barrio, tratándonos de forma diferente que al resto de la mayoría de los malagueños».

Además, para La Cooperación, la manera en que se ha implantado el SARE vulnera varios artículos de la Constitución Española.

Por todo ello, requieren al Ayuntamiento que envíe al Defensor del Pueblo Andaluz todas las actuaciones que han servido para implantar la zona azul y piden al Defensor que tome las medidas para la protección efectiva de los derechos de los vecinos y comerciantes del barrio.

«Sólo donde exista consenso»

También reclaman al Defensor del Pueblo Andaluz que interpele al equipo de gobierno para que instale la zona azul sólo donde exista consenso de vecinos y comerciantes, con la consiguiente eliminación del SARE actual. Por último, solicitan una mesa de trabajo con el Área de Movilidad, vecinos y comerciantes del barrio para mejorar la movilidad y el transporte. La zona azul sigue sin ser bienvenida.

Frente al rechazo vecinal, como informó La Opinión, el pasado mes de julio el equipo de gobierno declaró que la prueba gratuita había sido muy positiva y que la ratio obtenida de 2,23 vehículos por plaza y día era superior a la de calles de zonas consolidadas como Mármoles o La Trinidad. Para los vecinos, sin embargo, el que en el barrio haya tantos bloques sin aparcamiento propio explicaría esta ratio.