El think tank Foro Regulación Inteligente ha presentado su último informe, ‘La burocracia urbanística como amenaza al progreso de Málaga’, en el que se alerta sobre los potenciales riesgos que el exceso de burocracia en los trámites urbanísticos puede suponer para el desarrollo económico y social que la provincia ha venido experimentando durante los últimos años.

«El exceso de burocracia, especialmente en el plano urbanístico, puede lastrar el exponencial crecimiento económico de Málaga; faltan reformas que lo acompañen y sostengan», explicó el director de Foro Regulación Inteligente, Diego Sánchez de la Cruz.

De la Cruz, que puso el foco en la necesidad de «revisar los procesos regulatorios como una de las claves para no frenar el crecimiento de la provincia», apuntó especialmente al ámbito urbanístico, «uno de los sectores que más dinamizan la economía de la provincia y el conjunto de la región», explicó.

Aseguró De la Cruz que «Málaga está creciendo mucho, se está convirtiendo en la locomotora de la economía andaluza». El crecimiento de su población hace que sea la tercera provincia en crecimiento de población acumulado a nivel nacional. Esta tendencia «obviamente genera tensiones y retos que hay que resolver», aseveró el director de Foro Regulación Inteligente: «Uno de los más importantes es la vivienda y la escasez de oferta provocada por exceso de burocracia a nivel local que está generando un aumento de precios que llega hasta un 40% en el precio del metro cuadrado».

Unos indicadores que reflejan el fuerte deterioro del mercado en la provincia de Málaga. Además, el lento dinamismo que está exhibiendo el sector está generando una notable pérdida de inversión y de actividad para la provincia. «Según las proyecciones demográficas que realiza el propio padrón municipal, el Instituto Nacional de Estadística y el Banco de España», explica De la Cruz, «en Málaga hay un déficit de aproximadamente 45.000 viviendas, lo que significa que se están perdiendo alrededor de 8.500 millones de inversión directa y otros 5.000 millones de actividad constructiva», lo que supone «un total 13.500 millones de inversión que se están perdiendo».