Un trozo de la vida política municipal ha cobrado hoy protagonismo en el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital, en la Ciudad de la Justicia. Así, se ha celebrado el juicio contra José Luis Paradas Romero, exárbitro de Primera División y actual gerente de la empresa municipal Málaga Deporte y Eventos, por un supuesto delito leve de coacciones. Paradas es un cargo de Cs, que sustenta el gobierno de la capital junto al PP y Juan Cassá, exportavoz de la formación naranja y que acabó dejando el partido el 4 de mayo de 2020. El hecho es que Cassá denunció a la Policía Nacional que había recibido decenas de llamadas durante los meses que van desde que deja su formación hasta que se celebra el pleno de la Diputación en que lo nombran portavoz y responsable de Relaciones Institucionales del Gobierno provincial (a finales de junio). El exárbitro fue llevado a Comisaría e investigado en este asunto, pero siempre ha mantenido su inocencia. El hecho es que la Fiscalía Provincial de Málaga ha pedido hoy una sentencia absolutoria para el gerente de Málaga Deporte y Eventos.

También han presentado denuncias dos de los asesores de Cassá, que dicen haber recibido decenas de llamadas en la misma época. El caso es que el fiscal y la propia juez han llamado la atención sobre el hecho de que estos dos consejeros han tardado ocho meses en denunciar los hechos, y con Cassá ocurrió lo mismo (solo que tardó tres meses).

El juicio ha comenzado a las 11.30 horas de la mañana y ha acabado pasadas las 13.00 horas. La Fiscalía, en su intervención, ha rechazado que los hechos juzgados sean considerados como un delito leve de coacciones, porque no queda acreditado que la cifra de llamadas haya supuesto una alteración grave en la vida de los denunciantes. Tampoco se ha acreditado que sus vidas cotidianas se hayan visto afectadas. Y ha recordado que Cassá presentó la denuncia en torno a tres meses después de los hechos. No en vano, ha explicado que no consideran que sea suficiente el número de llamadas para que tenga la acción la naturaleza de delito leve, aunque si ello fera así, los denunciantes no lo habrían dejado tanto tiempo. Paradas ha basado su defensa en que su cuenta de Facebook fue hackeada, aunque ello no se ha acreditado. No se hizo una pericial al respecto. La Fiscalía ha sido contundente solicitando la absolución de Paradas, quien siempre ha mantenido su inocencia en varias declaraciones públicas.

La acusación ha pedido varias multas por tres delitos de amenazas y uno de coacciones leves, y ha calificado de “absolutamente pobre” la argumentación del denunciado. Las llamadas empezaron el 4 de mayo, cuando Cassá se da de baja, pero Paradas no sabe nada de ellas hasta que la policía lo llama, el 9 de septiembre. La defensa de Paradas dice que ha quedado demostrado el hackeo, y que es la acusación la que debe acreditar que las llamadas se han realizado desde el teléfono de su cliente. Ha aludido a que la policía ha verificado que el teléfono es el de su cliente, pero no se dice cómo.

Las llamadas se produjeron, sobre todo, en torno al 4 de mayo, el 28 de julio y el 30 de julio de 2020. En su declaración, Paradas Romero ha rechazado que realizase las llamadas. “Nunca”, ha dicho. Ha agregado que desconoce cómo las llamadas podían proceder de su teléfono, pero ha indicado que el 11 de marzo de 2020 hackearon su cuenta de Facebook con casi 5.000 seguidores. “Yo le garantizo que no he hecho nada de nada”, le ha dicho al fiscal. Ha asegurado que sólo conoce a la asesora de Cassá de coincidir una vez en Churriana y con Cassá y su otro asesor la relacion es más fría. Son los tres los que se fueron de Cs, “nosotros somos 300 unidos. A la política se entra a trabajar 14 horas, no a ser concejal, tenía que haber asumido sus funciones”, ha declarado.

Cuando lo llamaron para declarar, dice que se quedó “blanco”. Y trasladó que había sufrido un hackeo (la detención se produce en septiembre de 2020). Le han preguntado si retuiteó noticias u opiniones negativas acerca de Cassá, “los 300 afiliados no estábamos de acuerdo, he retuiteado, pero como lo hacen todos”. “Yo ahora mismo no puedo acceder a mi Facebook, la policía me aconsejó que esperara a que pasase todo. Me dijeron que se podía hackear absolutamente todo”.

Juan Cassá, por su parte, ha dicho que denunció las llamadas por el incendio de su caravana (cuyo autor no se ha localizado). “Yo no señalo a Paradas, es por los medios cuando me entero de que ha sido detenido”. Dice que recibió llamadas a horas intempestivas, hasta 41, durante todo el día. Ello le causó una alteración grave hasta el 30 de julio, cuando siguió recibiendo comunicaciones de esta naturaleza. “Lo hemos pasado muy mal, claro que sí, cuando se altera la vida de una persona, genera malestar, angustia, no estaba bien, un estado de tensión altísimo”. Sus asesores también le comentaron que recibían esas llamadas. El 4 de mayo, cuando dejó Cs, comenzó a recibir llamadas, algunas de madrugada. Se despertaba por las noches. También recibió llamadas en el Pleno de la Diputación, ya en julio, en que se le nombra portavoz. “Cuando se me está nombrando en el pleno, recibo llamadas de un número oculto”.

Cuando puso la denuncia, “yo ni sabía ni sospechaba de Paradas”. Sus asesores le dijeron que también recibieron esas llamadas y, después del pleno de Diputación, habían pensado denunciar. Era un número oculto, no llegó a descolgar y no escuchó la voz. La jueza ha llegado a preguntarle por qué, si le causaban tal estrés esas llamadas, espera todos esos meses para denunciar. “Estábamos con muchísima presión por el tema político”.

Su asesora dice haberse sentido también “intimidada”, y asegura haberse dado cuenta “de que había una relación entre las negociaciones y los eventos políticos y la intensidad de las llamadas”. Su compañero ha aseverado que las llamadas comenzaron en la noche del 4 de mayo, cuando Cassá deja Cs. Y entre ese día y el 30 de julio recibe hasta 87 comunicaciones. La defensa le ha preguntado por qué tardó tantos meses en denunciar, a lo que ha indicado que “ya consideraba que era perjudicado al declarar en comisaría”.