Las entidades financieras continúan inmersas en un proceso de cierre de oficinas iniciado en el ya lejano año 2008 y que se ha acelerado ahora durante la época de la pandemia. En el caso de Málaga, la dinámica de clausuras se ha llevado por delante hasta ahora 780 sucursales o, lo que es lo mismo, el 55% de la red de más de 1.400 oficinas que llegaron a estar operativas por aquel entonces. Sólo entre marzo de 2020, cuando estalló la crisis sanitaria del coronavirus, y junio de 2021 se cerraron casi 100 sucursales en Málaga, según los últimos datos publicados esta semana por el Banco de España. El total en la provincia es ahora de 627, a niveles de 1981.

Los diversos procesos de concentración en el sector y la necesidad de adelgazar estructuras para reducir costes y elevar la rentabilidad, sumado a la irrupción de las nuevas tecnologías (que permiten al cliente hacer gran parte de sus operaciones de forma telemática) han propiciado que las entidades financieras sigan inmersas en una estrategia a la que, según los expertos, le queda aún bastante recorrido.

La situación seguirá agudizándose en los próximos años. La comisión financiera del Consejo General de Economistas de España recuerda que si la banca ha echado el candado en el país a algo más de la mitad de sus oficinas para dejarlas en algo menos de 22.000, el pronóstico es que en el plazo de unos cinco o siete años podrían cerrarse otras 11.000 (es decir, la mitad de las que siguen abiertas). En Málaga, ese vaticinio dejaría a la provincia con unas 330 sucursales.

El fenómeno genera además inquietud a nivel social por el riesgo de que los clientes de mayor edad y situados en el ámbito rural, menos habituados a realizar sus gestiones por internet, puedan verse expuestos a una cierta «exclusión financiera». En realidad los bancos, a la hora de ir cerrando oficinas, han aplicado estos años criterios de pura rentabilidad. Las clausuras fueron así afectando a las sucursales de menos clientes y que reunían un menor volumen de negocio, situadas en muchos casos en pueblos de pequeño tamaño.

«Tras el estallido de la crisis de 2008, los problemas de baja rentabilidad del sector (en años más recientes como consecuencia añadida del entorno de muy bajos tipos de interés) han obligado a un intenso ajuste a la baja en la capacidad instalada, tanto en número de oficinas como de empleo. El impacto del Covid-19 supondrá más cierres por dos motivos: la necesidad de seguir reduciendo costes, y el impulso que ha recibido la banca online como consecuencia de las restricciones impuestas a la movilidad», dice el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) en su informe de accesibilidad de la población a las oficinas bancarias, publicado hace unos meses.

El estudio detalla que en Málaga, a cierre de 2019, había 28 municipios del total de 103 de la provincia que ya no tenían ninguna sucursal (es decir, un 27,3%). La lista la componen Alcaucín, Alfarnatejo, Almogía, Alpandeire, Árchez, Arenas, Atajate, El Borge, Cartajima, Canillas de Aceituno, Cuevas Bajas, Cuevas del Becerro, Cútar, Faraján, Guaro, Iznate, Júzcar, Macharaviaya, Moclinejo, Parauta, Salares, Sayalonga, Sedella, Tolox, Totalán, Valle de Abdalajís, Montecorto y Serrato. Al tratarse de localidades muy pequeñas de comarcas de interior el porcentaje de población en esta coyuntura es bajo. Según el IVIE, son unos 29.300 malagueños los que residen en algunos de estos municipios, lo que representa el 1,8% de la población de la provincia.