José Luis Paradas Romero, exárbitro de Primera División y actual gerente de la empresa municipal Málaga Deporte y Eventos, ha sido absuelto de tres delitos de amenazas contra el edil no adscrito y exportavoz de Cs, Juan Cassá, y dos de sus colaboradores; sin embargo, ha sido condenado por tres delitos leves de coacciones (telefónicas) a pagar varias multas que suman 1.080 euros. Curiosamente, la Fiscalía pidió la solución y no suele ser habitual que una magistrada condene cuando el ministerio público considera que no ha habido delito, aunque la togada ha estimado, por tanto, las tesis del abogado de Cassá.

El juicio se celebró en el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital, en la Ciudad de la Justicia, el pasado 27 de septiembre. Las coacciones de las que se acusaba a Paradas fueron telefónicas.

Juan Cassá, recuerden, es exportavoz de la formación naranja y acabó dejando el partido el 4 de mayo de 2020. El hecho es que Cassá denunció a la Policía Nacional que había recibido decenas de llamadas durante los meses que van desde que deja su formación hasta que se celebra el pleno de la Diputación en que lo nombran portavoz y responsable de Relaciones Institucionales del Gobierno provincial (a finales de junio). El exárbitro fue llevado a Comisaría e investigado en este asunto, pero siempre ha mantenido su inocencia. El hecho es que la Fiscalía Provincial de Málaga pidió una sentencia absolutoria para él en la vista.

La Fiscalía, en su intervención en el juicio, rechazó que los hechos juzgados sean considerados como un delito leve de coacciones, porque no queda acreditado que la cifra de llamadas haya supuesto una alteración grave en la vida de los denunciantes. Tampoco se acreditó, fijo la fiscal, que sus vidas cotidianas se hayan visto afectadas. Y recordó entonces que Cassá presentó la denuncia en torno a tres meses después de los hechos. No en vano, explicó que no consideran que sea suficiente el número de llamadas para que tenga la acción la naturaleza de delito leve, aunque si ello fera así, los denunciantes no lo habrían dejado tanto tiempo. Paradas basó su defensa en que su cuenta de Facebook fue hackeada, aunque ello no se ha acreditado. No se hizo una pericial al respecto. La Fiscalía fue contundente solicitando la absolución de Paradas, quien siempre ha mantenido su inocencia en varias declaraciones públicas.

La acusación pidió varias multas por tres delitos de amenazas y uno de coacciones leves, y calificó de “absolutamente pobre” la argumentación del denunciado. Las llamadas empezaron el 4 de mayo, cuando Cassá se da de baja, pero Paradas no sabe nada de ellas hasta que la policía lo llama, el 9 de septiembre. La defensa de Paradas dijo que quedó demostrado el hackeo, y que es la acusación la que debe acreditar que las llamadas se realizaron desde el teléfono de su cliente. Aludió a que la policía ha verificado que el teléfono es el de su cliente, pero no se dice cómo.

Las llamadas se produjeron, sobre todo, en torno al 4 de mayo, el 28 de julio y el 30 de julio de 2020. En su declaración, Paradas Romero rechazó que realizase las llamadas. “Nunca”, dijo. Agregó que desconoce cómo las llamadas podían proceder de su teléfono, pero indicó que el 11 de marzo de 2020 hackearon su cuenta de Facebook con casi 5.000 seguidores. “Yo le garantizo que no he hecho nada de nada”, le dijo al fiscal. Aseguró que sólo conoce a la asesora de Cassá de coincidir una vez en Churriana y con Cassá y su otro asesor la relacion es más fría. Son los tres los que se fueron de Cs, “nosotros somos 300 unidos. A la política se entra a trabajar 14 horas, no a ser concejal, tenía que haber asumido sus funciones”, declaró.

Cuando lo llamaron para declarar, dice que se quedó “blanco”. Y trasladó que había sufrido un hackeo (la detención se produce en septiembre de 2020). Le han preguntado si retuiteó noticias u opiniones negativas acerca de Cassá, “los 300 afiliados no estábamos de acuerdo, he retuiteado, pero como lo hacen todos”. “Yo ahora mismo no puedo acceder a mi Facebook, la policía me aconsejó que esperara a que pasase todo. Me dijeron que se podía hackear absolutamente todo”.

Juan Cassá, por su parte, dijo que denunció las llamadas por el incendio de su caravana (cuyo autor no se ha localizado). “Yo no señalo a Paradas, es por los medios cuando me entero de que ha sido detenido”. Dice que recibió llamadas a horas intempestivas, hasta 41, durante todo el día. Ello le causó una alteración grave hasta el 30 de julio, cuando siguió recibiendo comunicaciones de esta naturaleza. “Lo hemos pasado muy mal, claro que sí, cuando se altera la vida de una persona, genera malestar, angustia, no estaba bien, un estado de tensión altísimo”. Sus asesores también le comentaron que recibían esas llamadas. El 4 de mayo, cuando dejó Cs, comenzó a recibir llamadas, algunas de madrugada. Se despertaba por las noches. También recibió llamadas en el Pleno de la Diputación, ya en julio, en que se le nombra portavoz. “Cuando se me está nombrando en el pleno, recibo llamadas de un número oculto”.

Cuando puso la denuncia, “yo ni sabía ni sospechaba de Paradas”. Sus asesores le dijeron que también recibieron esas llamadas y, después del pleno de Diputación, habían pensado denunciar. Era un número oculto, no llegó a descolgar y no escuchó la voz. La jueza ha llegado a preguntarle por qué, si le causaban tal estrés esas llamadas, espera todos esos meses para denunciar. “Estábamos con muchísima presión por el tema político”.

Su asesora dijo en el juicio haberse sentido también “intimidada”, y asegura haberse dado cuenta “de que había una relación entre las negociaciones y los eventos políticos y la intensidad de las llamadas”. Su compañero aseveró que las llamadas comenzaron en la noche del 4 de mayo, cuando Cassá deja Cs. Y entre ese día y el 30 de julio recibe hasta 87 comunicaciones. La defensa le ha preguntado por qué tardó tantos meses en denunciar, a lo que indicó que “ya consideraba que era perjudicado al declarar en comisaría”.