Urbanismo

Polémica entre el equipo de gobierno de Málaga y la oposición por una expropiación

Ramos critica que la expropiación de un «barranco» en Gibralfaro pueda costar 74 millones y López contesta que el PGOU del PSOE permitía construir allí y el Ayuntamiento pagará 1,3 millones para evitar su edificación

Edificio de Usos Múltiples, sede de Urbanismo. | L.O.

Edificio de Usos Múltiples, sede de Urbanismo. | L.O. / josé antonio sau. málaga

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Consejo de Urbanismo muy polémico el que se celebró este lunes en el Edificio de Usos Múltiples. Así, hubo un enfrentamiento entre el edil de Ordenación del Territorio, Raúl López, y la oposición, sobre todo entre Mariano Ruiz Araújo, edil del PSOE, y los representantes de IU y Podemos, a cuenta de las expropiaciones, en general, y de una en concreto: la de un terreno de Gibralfaro.

De esta forma, ya informó este periódico de que la inmobiliaria Campos Elíseos SA reclama 73,9 millones de euros por un terreno de 5.125 metros cuadrados en la zona conocida como Gibralfaro Sur. Este terreno, que debe expropiar el Consistorio por ley, según dictamina el artículo 140 de la LOUA, fue valorado por la Comisión Provincial de Valoraciones de la Junta en 1,33 millones de euros, frente a los más de 938.000 euros en que lo tasó Urbanismo, que finalmente aceptó la decisión de la Junta.

El caso es que Remedios Ramos, viceportavoz de IU y Podemos, aseguró el domingo que ayer la Gerencia de Urbanismo «iba a abordar la expropiación de un barranco de Gibralfaro por 73 millones de euros y, en los próximos años, vamos a seguir pagando por terrenos sin utilidad a precio de oro, estas cantidades tendrían que invertirse para mejorar los barrios y los equipamientos públicos. «El del barranco no es un caso aislado, en los últimos años se han pagado casi 50 millones de euros por barrancos y taludes en Gibralfaro por un total de reclamaciones por valor de 352 millones de euros por 29 parcelas. Y la cifra podría llegar a 200 millones, porque aunque los tribunales no les están dando la razón a todas las pretensiones de estas empresas, se están pagando por mucho más valor del que reconoce Urbanismo, a precio de la burbuja inmobiliaria. Se trata de suelos en los que no se puede construir».

La respuesta de López fue contundente y acusó de hacer demagogia a PSOE e IU y Podemos. Primero, porque la cantidad a pagar por Urbanismo va a ser de 1,3 millones de euros, segundo porque, según el PGOU de 2011, hecho por el PP, esa pastilla es un sistema general verde, y, por tanto, la ley obliga a expropiarlo bien con compensaciones (aprovechamientos urbanísticos en otro lado, bien con dinero). De esta firma, la parcela tiene dos propietarios: el Ministerio de Defensa, al que se le ha compensado con los aprovechamientos y los privados, a los que se les va a expropiar con dinero.

En el PGOU de 1997, el suelo era edificable, es decir, se cambió, según López, en 2011, a sistema general verde. Y eso viene del plan general del 83, efectuado en la «época del PSOE, existían unidades lucrativas en ese entorno, concretamente dos zonas pintadas de azul. Es decir, los socialistas preveían en su PGOU de 1983 que se construyera un espacio residencial en Gibralfaro. Hemos quitado nosotros la calificación para que se construya y, a cambio, los aprovechamientos antiguos hay que compensarlos: vamos a pagar poco más de un millón de euros para obtener un terreno en el que el PSOE quería construir. Esto es demagogia, el PSOE quería construir en la falda de Gibralfaro».

Dice López que se ha compensado al Ministerio de Defensa con aprovechamientos en otras zonas y se pagará el dinero correspondiente «para que ahí no se pueda construir y ello tenga un uso forestal y verde. Los aprovechamientos del PSOE costaban 73 millones de euros».

Mariano Ruiz Araújo también criticó ayer la suma pagada por las expropiaciones y, además, exigió a López que tome medidas para solventar los retrasos que sufre la Gerencia. «Este organismo, que debe ser el acicate del dinamismo de una ciudad, es percibido como un laberinto y los plazos medios de tramitación para el común de los malagueños supera el año».