+El grupo municipal socialista, a través de una moción que se defenderá en la próxima comisión de Economía, pide al Ayuntamiento de Málaga y a la Junta de Andalucía que aplique en sus ordenanzas las bonificaciones potestativas e incentivos fiscales que derivan de la nueva Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, actualmente en tramitación, "para garantizar un hogar a todas las familias".

Así lo ha explicado la concejala socialista Alicia Murillo, quien defenderá esta moción para evitar que las viviendas no ocupadas "sean presa de la especulación de los fondos buitre en Málaga, una ciudad que cuenta con más de 21.000 demandantes de VPO", a la vez que se promueve la creación de "alquileres asequibles para asegurar un hogar para las familias malagueñas mediante la figura de la vivienda asequible incentivada".

Murillo ha calificado la nueva ley del Gobierno central "como una revolución social para asegurar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española, que todo español tiene derecho a una vivienda digna y adecuada". Pero para ello, "es imprescindible que tanto el Ayuntamiento como la Junta integren en sus ordenanzas fiscales las bonificaciones potestativas e incentivos que promueve esta nueva ley del Gobierno central", ha insistido en un comunicado.

Sobre las ventajas, la socialista explica que "se garantiza el parque público de vivienda social, evitando su venta a fondos buitre, a la vez que los ingresos se destinan a la creación, ampliación, rehabilitación y mejora de los inmuebles", la VPO lo será por un mínimo de 30 años y se crea la figura de la vivienda asequible incentivada para incrementar la oferta a corto plazo. Se trata, en palabras de Murillo, "de un auténtico blindaje de la función social de la vivienda. El objetivo es que no hay ninguna familia en la calle", ha resaltado.

Esta petición se produce en un momento en el que "sólo el 17,3 por ciento de los jóvenes tienen acceso a una vivienda, es el peor dato desde 2001", ha advertido Murillo, sumando a ello los precios del alquiler o las condiciones de los préstamos hipotecarios.

Además, la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda "se centra en las zonas donde es más necesaria, porque actúa en las franjas donde el precio del alquiler ha subido por encima del IPC y en el caso de Málaga el precio del alquiler sube 15 puntos por encima del IPC en los últimos cinco años", ha dicho.

Contra la especulación

Esta moción va en la línea de otra presentada hace un año por el grupo municipal socialista, en la que se pedía "elevar el recibo del IBI a los grandes tenedores de viviendas, para incentivar el uso de estos pisos, para que los propusieran para el alquiler a precios justos".

Ahora, con el nuevo marco se confirma que los ayuntamientos puedan aplicar un recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, "con un mínimo de diez viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la Ley. Se propone incrementar el recargo, actualmente del 50 por ciento hasta un máximo del 150 por ciento, en función de la duración de la desocupación y del número de viviendas también desocupadas que sean del mismo titular en el término municipal", ha explicado Alicia Murillo.

Sin embargo, se ha lamentado de que "en otras comunidades no aplicarán las medidas de la Ley Estatal de Derecho a la Vivienda, pese a que la crisis por la falta de vivienda es una de las más graves en la actualidad. La nueva ley garantiza la incorporación al mercado de más viviendas, evita incrementos abusivos de precios e incentiva las bajadas de precios del alquiler", ha agregado la socialista.

Por ello, y aunque reconoce que "solucionar la crisis habitacional no es sencillo ni tiene una solución a corto plazo", sí ha insistido en la necesidad de buscar una solución desde la voluntad y el compromiso de todas las administraciones.