Más de un centenar de macroproyectos para nuevos parques solares aguardan el visto bueno de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga, si bien es cierto que la propia Consejería de Hacienda trabaja estas semanas en la actualización del estado de estas iniciativas. En plena pandemia, que generará nuevas ayudas de la Unión Europea destinadas a la expansión de las renovables, este tipo de iniciativas chocan actualmente con la presión de ciudadanos a título individual y colectivo, corporaciones locales y hasta el plenario de la Diputación.

La Junta apela a que estos proyectos pueden servir de una medida contra la despoblación. Pero hasta ciertos colectivos ecologistas muestran su oposición, como en el caso de los movimientos vecinales o de las administraciones provinciales o municipales, por la «falta de un marco regulador» que evite movimientos especulativos propios de anteriores periodos.

Todo este debate se cruza justo en estas fechas con la inminente apertura de una ventanilla impulsada por la Agencia Andaluza de la Energía para la presentación de solicitudes para ayudas en la puesta en marcha de nuevas instalaciones de autoconsumo. En este caso, el sector residencial, las administraciones públicas, las entidades sin ánimo de lucro y los sectores productivos dispondrán de un total de 97,2 millones de euros que fomenten la instalación de fuentes de energía renovable, almacenamiento y equipos de energías renovables térmicas con destino «a la climatización y el agua caliente sanitaria». A partir del 2 de diciembre será cuando se puedan iniciar estos trámites. Del presupuesto total para Andalucía, 66,2 millones de euros se destinarán a autoconsumo renovable y 14,37, a almacenamiento.

La Junta confía en que se pueda instalar una potencia de generación renovable con autoconsumo eléctrico y energía térmica de 126,6 MW, con una capacidad de almacenamiento de 35,5 MWh. Y que todo ello suponga una reducción estimada de cerca de 24.000 toneladas de CO2.

Nadie duda del interés medioambiental de los huertos solares o de estas instalaciones para autoconsumo. Lo que cuestionan los municipios que más interés inversor han despertado es la falta de una regulación que evite «el sembrado de cristales a lo largo y ancho» de sus términos. Es lo que ha propiciado hace un par de semanas una movilización ciudadana en Sevilla ante la propia Junta. Alrededor de medio centenar de ciudadanos sólo desplazados desde Casares han exigido medidas reguladoras, las mismas que en el plenario de la Diputación de Málaga ya fueron solicitadas.

Junto a Casares y a Gaucín, las localidades gaditanas de Jimena, Tesorillo y Castellar se han reunido también con representantes de la Unión Española Fotovoltaica para intermediar con las empresas del sector. Es uno de los movimientos comarcales más sólidos de cuantos se han planteado en Andalucía, si bien es cierto que términos como el de Archidona también ha recibido una lluvia de macroproyectos, con otra treintena de iniciativas inversoras y cuantías millonarias por el alquiler de suelo a largo plazo.

Los representantes municipales del entorno de Casares acordaron en una reunión intermunicipal trasladar a los potenciales inversores «las inquietudes de cada municipio para que se puedan explorar vías de diálogos con las empresas y no de imposición», como reconoce el teniente de alcalde de Casares, Juan Luis Villalón. A dicha reunión también acudieron los alcaldes Fran Gómez, de Jimena, Pedro Godino, de Gaucín, y Jesús Fernández, de Tesorillo. Y también asistió el teniente de alcalde de Castellar, Raúl Egea.

El director general de la Unión Española Fotovoltaicas (UNEF), José Donoso, ha encabezado las negociaciones en nombre de un sector fotovoltaico español agrupa a más de 600 empresas promotoras de plantas fotovoltaicas, fabricantes, empresas de autoconsumo y consultorías. Los propios inversores se muestran interesados en «ayudar a construir marcos reguladores adecuados para su desarrollo, además de facilitar la puesta en contacto entre empresas y posibles usuarios, y facilitar los contactos con la sociedad civil y sus representantes».

Por su parte, fuentes de la Consejería de Hacienda han expresado que existe en este momento interés en prácticamente todas las provincias andaluzas por conocer el estado de los macroproyectos que están a la espera de aprobación. Y también se incide en que dentro de los fondos europeos de lucha contra la crisis generada por el coronavirus hay partidas específicas que fomenten el uso de las energías renovables y luchen por un entorno más sostenible.

Del centenar de iniciativas previstas en la provincia, en Casares se han presentado 21 megaproyectos de plantas fotovoltaicas y 11 de nuevos parques eólicos. «El Ayuntamiento de Casares se manifiesta a favor de las energías verdes, pero en contra la instalación masiva y sin planificación de proyectos de energías renovables que arrasen con nuestro municipio, por lo que lleva meses trabajando para exigir a la Junta de Andalucía una normativa que regule estos proyectos y ofreciendo asesoramiento a los vecinos que se ven afectados», han relatado los propios integrantes del equipo de gobierno local.