La Diputación concentra esfuerzos en contra de los parques fotovoltaicos

La Diputación de Málaga aprobó ayer en sesión plenaria y con unanimidad de todas las formaciones con representación la moción urgente del PSOE, con enmienda del PP y sin debate, sobre la instalación de megaparques fotovoltaicos en la provincia. Entre otros compromisos, los aproximadamente 15 municipios malagueños afectados por estos proyectos dispondrán de los servicios jurídicos del ente supramunicipal para interponer «cuantas acciones judiciales sean necesarias».

Pero además se constituirá una «comisión permanente de seguimiento» para conocer la situación «administrativa y jurídica» de los proyectos que se vayan tramitando. Según la moción, al menos se están tramitando en la actualidad cuatro megaparques en la comarca del Guadalhorce y Sierra de las Nieves, que ocuparían una superficie conjunta de 750 hectáreas.

Su tramitación la desarrolla actualmente la Junta de Andalucía y entre las localidades afectadas figuran en primer lugar Álora, Alozaina, Almogía, Cártama, Casarabonela, Coín y Pizarra. Aunque se encuentran en proyecto otras iniciativas tramitadas para terrenos que están situados en los términos de Almogía, Yunquera, Monda, Tolox, Ojén, Valle de Abdalajís, Carratraca o Cañete la Real. Y, como señala el propio grupo socialista en la Diputación, «cada mes se conocen otros nuevos».

La moción a la que se le ha podido dar luz verde unánimemente también acuerda «transferir a los ayuntamientos los recursos económicos necesarios para dar respuesta a los afectados» por la construcción de megaplantas fotovoltaicas Asimismo, después de la aprobación de otra moción durante el pasado mes de junio, la Diputación se compromete públicamente a convocar una reunión, en el plazo de un mes, donde se reúnan todos los grupos políticos de la administración provincial y los municipios reseñados, donde se quieren levantar dichas infraestructuras.

El acuerdo le encarga al diputado responsable de Seguridad y Emergencias y a su vez presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Manuel Marmolejo, la elaboración de un informe sobre el impacto de las mismas en términos de seguridad y protección de los ciudadanos que residan en las zonas afectadas por estos macroparques fotovoltaicos.

La diputada socialista y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Álora, Desirée Cortés, subrayó la importancia de una moción en la que se da respaldo a ayuntamientos de toda la provincia, porque se trata de unos proyectos que afectarían «de forma irreversible a los ciudadanos».

Esta diputada apeló al interés general de esta protección a municipios afectados por estos posibles macroparques fotovoltaicos: «Nosotros no estamos en contra de las energías renovables, sino que estas iniciativas se tienen que desarrollar con el consenso de todas las administraciones. Lo que pretendemos es que los alcaldes tengan algún tipo de respaldo por parte de la institución. Es una petición que parte de ellos y que viene de regidores pertenecientes a los distintos partidos políticos».

Como ya informaba este periódico el pasado domingo, más de «un centenar de proyectos» están a la espera de la Junta para recibir el visto bueno dentro de la provincia. Algunos son macroparques y en otros casos el modelo elegido es el de huerto solar con un menor impacto visual.

La Consejería de Hacienda trabaja este mismo mes «en la actualización del estado de estas iniciativas», que en el marco de la crisis por el Covid-19 van a recibir nuevas ayudas europeas destinadas a la expansión de las renovables. La presión vecinal podría, no obstante, frenarlas de forma rotunda.

El Ayuntamiento de Campillos ha aprobado el documento de avance de la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la modificación puntual de la normativa en suelo no urbanizable, una medida que fue ratificada por unanimidad por el pleno local.

La aprobación de este avance supone la suspensión durante un año de la aprobación, autorización y concesión de licencias urbanísticas en aquellas zonas o usos cuyas determinaciones constituyan una modificación del régimen urbanístico vigente. El Consistorio explica que, debido a su antigüedad, el planeamiento actual no cuenta con capacidad ni los criterios necesarios para la ordenación de nuevas infraestructuras.