Los pequeños municipios se movilizan en Málaga frente al cierre de los Juzgados de Paz

Un grupo de representantes de los pequeños municipios del interior de la provincia respaldó a las puertas de la Ciudad de la Justicia al colectivo que agrupa a más de un centenar de jueces de paz en Málaga. Con el nuevo marco jurídico, establecido para un horizonte que va hasta 2030, la figura histórica de estos mediadores de carácter local desaparece.

La movilización celebrada a partir de las doce del mediodía sirvió para exigir al Ministerio de Justicia que mantenga activa, dentro de esa reforma del sistema judicial que prevé anularla, una figura que durante siglos ha permitido descongestionar los tribunales, mediante la mediación en conflictos vecinales.

También ha permitido esta entidad realizar pequeños trámites administrativos como son las partidas de nacimiento. La asociación malagueña que reúne a los propios Jueces de Paz de la provincia incide en que la situación será especialmente grave en las localidades de menor población, aunque la medida se extiende a todos los municipios.

La presidenta de la Asociación de Jueces de Paz de Málaga, Iluminada Regateiro, encabezó ayer una movilización en la que se pudieron leer pancartas con lemas como «Los pueblos necesitan a los Juzgados de Paz». De hecho, esta portavoz provincial agradeció públicamente las misivas remitidas por los máximos responsables de municipios como Ardales, Canillas de Aceituno u Ojén, a favor de la continuidad de estos jueces, como colaboradores el Ministerio de Justicia.

«Esta concentración en Málaga ha tenido un simbolismo muy especial, puesto que es la primera vez en la historia que se nos permite hacer una concentración a jueces y juezas de paz para poder reivindicar nuestros derechos», matizó. Además, recordó que la reestructuración que les afecta apenas representa un ahorro a las arcas públicas.

Así manifiestan que en un municipio de mayor población la retribución máxima puede alcanzar los 4.000 euros anuales, de los que casi un tercio aparecen como retenciones que no perciben en la mayoría de los casos. «Muchos de nosotros somos personas ya jubiladas, que desarrollamos nuestra labor como un servicio a la comunidad», espeta.

Por eso no han tardado en pronunciarse los pequeños pueblos, indignados por la supresión de unos puestos que apenas representan una carga presupuestaria a la administración judicial. Para el teniente de alcalde de Canillas de Aceituno, Álvaro Hurtado, la desaparición del Juzgado de Paz en cualquier municipio de menos de 5.000 habitantes contribuye a su desaparición. En uno de los pueblos más azotados por la despoblación, quitar o distanciar la administración contribuye a crear «desconcierto y desigualdad de oportunidades, entre los que viven en los grandes núcleos y los que vivimos en zona rural».

«No vamos a dar un paso atrás, dejando morir a nuestro pueblo. Un pueblo sin servicios hace que sus vecinos decidan irse a las grandes ciudades por ese poco acceso que tienen a la administración. Lucharemos por nuestro Juzgado de Paz para que los ciudadanos tengan acceso a la justicia de manera cómoda y cercana, con los mismos derechos que los demás», alega.

El alcalde de Ardales, Juan Alberto Naranjo, también quiso pronunciarse ayer sobre una situación que deja indefensos, en materia jurídica, a multitud de localidades. Ahora los ciudadanos deberán desplazarse a las cabeceras comarcales para asuntos que se pueden resolver en minutos, con la figura de ese mediador público.

«Cuando nunca se ha vivido en un pueblo pequeño o se gobierna desde el despacho de una gran ciudad creemos que tenemos la verdad absoluta. A muchos de nuestros políticos se les llena la boca cuando hablan de la España vaciada y que hay que crear fondos para ayudar a que no se produzca la despoblación rural», denunciaba. «Quitarnos estos servicios significa un retroceso de nuestros derechos como ciudadanos y una vez más se distancia la administración de las personas», lamenta Naranjo.