Un vecino con un pie en la calle, en Soliva

«El Ayuntamiento ya me ha dicho que tengo que dejar el piso y que el próximo paso será venir con la policía. Estoy desamparado y desesperado, tengo ataques de ansiedad y no puedo dormir pensando en si vendrán o no vendrán, porque no tengo a dónde ir», confiesa el malagueño Francisco Rodríguez, de 57 años.

Como explica, en 2011 se empadronó en la casa de su hermano Antonio, un piso municipal en alquiler en la barriada de Soliva, con el fin de atenderlo por la grave adicción al alcohol que padecía. «A la única persona que tenía era a mí. Tenía que estar cuidando de él 24 horas, hasta que logré que le concedieran la discapacidad y en 2019 conseguí que se fuera a una residencia», cuenta.

Entre medias, pasaron muchas cosas en la vida de Francisco, que explica que en 2014 tuvo que dejar de vivir con su hermano, con quien volvió en 2017, «porque era muy agresivo conmigo». También se puso en contacto con el IMV, ya que el hermano debía 26.000 euros de alquiler. «Nada más que pagó dos años, que se los pagué yo. Les dije que me hacía cargo de la deuda pero que estaba muy cansado de pagar el dinero en vano y que pusieran el piso a mi nombre», señala. A este respecto, Francisco Rodríguez explica que lleva desde 2011 solicitando un piso al IMV.

También tuvo problemas con la justicia, pues fue condenado a 21 meses de prisión, de los que cumplió 14, por un delito de maltratos a una pareja, algo que él niega: «Toda Las Castañetas sabe que es mentira. Jamás en la vida hice eso, además, el juzgado me condenó en desacato porque no pude acudir, tenía que estar cuidando de mi hermano».

En la actualidad, sobrevive gracias a la ayuda mensual temporal de unos 450 euros, por su condición de expresidiario, además de con las «chapuzas» que realiza como mecánico de coches, cuando le llaman de forma esporádica de algún taller.

Petición continuada de reunión

Como detalla su abogada en un escrito enviado al Instituto Municipal de la Vivienda hace unos días, desde que se inició el procedimiento de extinción del contrato Francisco Rodríguez ha presentado cinco escritos y realizado numerosas llamadas, gestiones que no han sido atendidas.

Para evitar la indefensión, la abogada ha pedido una reunión de este vecino con el gerente del IMV, «en orden a explicar la situación en la que tanto su hermano como él mismo se encuentran y evitar así dejar totalmente desamparados tanto a su hermano (...) como a mi representado, en situación de riesgo extremo por precariedad económica». «No tengo un techo a donde ir. Camino de los 58 años, ¿dónde voy a parar?», se pregunta Francisco.

Respuesta del IMV

Un portavoz del Instituto Municipal de la Vivienda respondió el martes que el IMV adjudicó la vivienda en 2010 a Antonio, el hermano de Francisco Rodríguez, quien en la actualidad mantiene una deuda acumulada de 123 meses, que asciende a 26.850 euros. Por otra parte y «dado que el adjudicatario no reside en la vivienda, debe ser adjudicada a una familia demandante a la que le corresponda legalmente».