La mitad de las sanciones urbanísticas de Málaga proviene de denuncias ciudadanas

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga, que dirige el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha incoado en los diez primeros meses de 2021, año en curso, un total de 842 procedimientos por infracción urbanística en la ciudad; de ellos, han finalizado 808 en este mismo ejercicio, de forma que han concluido en resoluciones sancionadoras. Más de la mitad de ese número de sanciones se han impuesto tras las correspondientes denuncias ciudadanas.

Así, Urbanismo va a acabar este ejercicio con unos números parecidos a los de 2020 y 2019, unos mil expedientes al año. De las resoluciones dictadas hay 102 órdenes de demolición, 29 suspensiones de obras no compatibles, 18 suspensiones de obras compatibles, 31 multas coercitivas en procedimientos compatibles, nueve ejecuciones subsidiarias, 25 asimilaciones fuera de ordenación (SAFO), 27 sanciones y 87 multas coercitivas, entre otras resoluciones de diferente naturaleza. "842 expedientes en 10 meses son 84,2 expedientes al mes, es decir, cuatro al día", explica López.

Los expedientes conocidos como Safo son las asimilaciones fuera de ordenación, es decir, "se puede regularizar algo pese a que esté fuera de ordenación". Por ejemplo, cuando se detecta en una vivienda un altillo que no estaba en las escrituras ni en los planos pero tiene un uso de almacén, puede regularizarse, claro, a cambio tal vez de una multa o de acometer alguna actuación tendente a mejorar su seguridad. Eso sí, no podrá cambiar su uso. Puede haberse agotado el periodo de prescripción y, por tanto, el ciudadano podrá regularizar el asunto, por ejemplo una nave, pero solo manteniéndola y conservándola, sin usarla.

Este ha indicado que en 2021 se va a terminar con la misma cifra de expedientes sancionadores que en años anteriores, como 2020 o 2019: es decir, unos mil al ejercicio. Asegura el concejal que más de la mitad de las resoluciones dictadas por el Departamento de Infracciones Urbanísticas, es decir, más de 400, "tienen su origen en la labor ciudadana, se trata de vecinos que nos avisan de una irregularidad, nosotros mandamos un inspector, la constatamos y abrimos el correspondiente expediente; otros los abrimos porque la Policía Local detecta una ilegalidad, levanta un acta y luego enviamos al inspector o porque algún funcionario de cualquier distrito comprueba que se ha producido una irregularidad urbanística", subraya el concejal.

Recalca el edil que "la colaboración ciudadana y la inspección urbanística son fundamentales para tratar de minimizar hechos urbanísticos que, a futuro, se convierten en grandes males: es mucho mejor decirle a ciudadano que eche abajo un muro que demoler una habitación en unos años", destaca el concejal, quien agrega que parte de estos expedientes acaba en los juzgados. "Nosotros tenemos algunas órdenes de demolición de los juzgados, de forma que si no lo hace la familia afectada el derribo hemos de ejecutarlo nosotros subsidiariamente. Esto genera muchos trámites, eso no se aprecia desde fuera, pero es un procedimiento que conlleva muchos pasos que hacemos en la casa", destaca.