El PP en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado hoy una moción, que defenderá en Pleno este jueves, para instar al Gobierno central a que dé una solución a las casas y vecinos de El Palo y Pedregalejo, cuyas viviendas están afectadas por el dominio público marítimo-terrestre, es decir, se hallarían en situación de irregularidad, en el limbo jurídico. Por tanto, lo que piden los populares es que el Gobierno impulse los procedimientos de "desafectación del dominio público marítimo-terrestre de los terrenos de El Palo y Pedregalejo identificados en en el anexo de la Ley 2/2013, de 19 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en los términos de la sentencia del Constitucional 233/2015, o impulse las modificaciones legislativas necesarias para la efectiva exclusión de dichos terrenos del dominio público marítimo-terrestre".

Solicitan los populares, además, una reunión urgente presencial y conjunta de todos los municipios afectados con las direcciones generales correspondientes de los ministerios de Hacienda, Transición Ecológica, así como con Presidencia del Gobierno, que sirva para impulsar la efectiva exclusión del dominio público marítimo-terrestre de los terrenos identificados en el anexo de la citada Ley 2/2013. Reclaman también dar traslado de la moción al presidente del Gobierno, los ministerios afectados, a los grupos parlamentarios del Congreso, a la Subdelegación del Gobierno de Málaga, a Costas y a las alcaldías y asociaciones de vecinos afectadas.

Explica Raúl López, edil de Urbanismo, que la idea es regularizar la situación de estas viviendas, y aclara que hay 13 municipios con barriadas afectadas por asuntos similares a este. "Lo que hay que hacer es cambiar el deslinde. Llega al muro de ribera y, a la altura de Miguelito El Cariñoso, sube hasta calle Bolivia. Hemos de bajarlo más hacia la playa. Hay que cambiar el deslinde", recalca, algo que es fácil, agrega.

Es un problema de interpretación legal: en la práctica, la efectividad de la exclusión del dominio público marítimo terrestre de los terrenos indicados en la Ley 2/2013 quedó condicionada por tanto a la aprobación "de una Orden Ministerial que debía servir para configurar los negocios jurídicos exigidos por dicha ley". ¿A qué negocios se refiere? A aquellos que permitieran que los terrenos se transmitieran a sus ocupantes. Esa orden ministerial determinaría el procedimiento de identificación de los interesados y establecería el procedimiento legal para ello.