La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Granada recibió ayer la petición de la Junta de Andalucía del aval judicial para implantar el pasaporte covid en los accesos a residencias y centros sanitarios.

La Junta es partidaria de que se aplique este pasaporte, ya que entiende que es «un llamamiento a la vacunación», y el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, explicó en rueda de prensa que, si tienen el visto bueno judicial, no descarta la ampliación a otros ámbitos como la restauración o el ocio nocturno.

La decisión del Tribunal Supremo de aceptar el recurso que el Gobierno vasco presentó para implantar el pasaporte covid en Euskadi ha impulsado esta herramienta no solo en el País Vasco, sino al menos también en Andalucía y Cantabria.

Así, estas tres comunidades también tendrán implantado el pasaporte pronto, cuando los Tribunales Superiores autonómicos aprueben la medida en las dos últimas, tal y como han solicitado o van a solicitar sus Ejecutivos, en aplicación de la doctrina del alto tribunal.

De este modo Galicia, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia, además de Euskadi, Andalucía y Cantabria, lo tendrán antes del puente de la Constitución.

El Gobierno vasco volverá a declarar la emergencia sanitaria, una vez que el Tribunal Supremo ha avalado la posibilidad de exigir el pasaporte covid en Euskadi.

Por su parte, la Consejería de Sanidad de Cantabria ha anunciado también que pedirá autorización judicial para aplicar esta medida en la comunidad autónoma.