La Dirección General de Costas ha emitido una resolución para que se derribe el restaurante de Antonio Martín, en La Malagueta, y antes de eso tendrá que ser desalojado, lo que habrá de ejecutar la Junta, puesto que si el Estado tiene competencias en el dominio público marítimo-terrestre, es la administración autonómica la que gestiona las concesiones. Esta noticia se conoció ayer y hoy el Ayuntamiento de Málaga ha dado su versión de la historia, dado que Costas (el Gobierno central, en definitiva), indica que hay una sentencia del TSJA que obliga a dejar vacío el inmueble y, por tanto, y dado que Urbanismo tiene previsto soterrar el tráfico en la zona y peatonalizarla, el restaurante debe ir abajo. El Consistorio, de cualquier forma, ha pedido hoy una solución consensuada entre las administraciones autonómica y estatal para mantener el restaurante Antonio Martín, al menos a medio plazo, porque para la ejecución del plan litoral, es decir, el soterramiento del tramo de costa que va de Muelle Heredia al entorno del Miramar, aún pueden quedar años y no hay por qué correr para tirar el restaurante.

La postura del Consistorio, verbalizada en declaraciones a este periódico por el edil de Urbanismo, Raúl López, es que la Junta y el Gobierno hablen y lleguen a un pacto de consenso sobre el futuro de Antonio Martín, que se le dé a los empresarios que quieran presentarse al proceso una concesión temporal, más limitada que las actuales, con prórrogas menores, para que, cuando llegue el momento de ejecutar el plan litoral, se decida finalmente sobre el restaurante.

"Nosotros entendemos que se pueden buscar fórmulas para que el desalojo y la demolición no sean inmediatas. Ese espacio tiene vocación de apertura a la ciudadanía, pero no es el momento", recalca López, quien propone: "Proponemos que se haga una nueva concesión que se adecue a la Ley de Costas, y hablo de la superficie, de los metros cuadrados de ocupación, y que en vez de 50 o 75 años, esta sea por un periodo más corto, prorrogable, para que se vaya adecuando al movimiento y crecimiento naturales de la ciudad. El Plan Litoral no es un elemento como decidir algo que se va a hacer dentro de varios años. Lo ideal sería una concesión por menos años y luego iremos viendo".

Ha insistido en que la concesión debe adecuarse a la Ley de Costas, claro, "estoy seguro que habrá empresarios interesados en presentarse a una concesión así. El Ayuntamiento aboga por una solución consensuada tras un diálogo entre Costas y la Junta, Costas porque es la propietaria del terreno y la Junta por ser la responsable de la concesión, se puede buscar, insisto, la fórmula de una nueva concesión por un número de años menor para adecuarse a los proyectos futuros de la ciudad. No hace falta ahora mismo demoler nada. Emplazamos a Costas y a la Junta a que busquen una solución para mantener, adecuándolo a la Ley de Costas, el espacio de Antonio Martín y, cuando llegue el momento, ya veremos".

Así, por tanto, Costas, según informó ayer este periódico, optó finalmente por "eliminar el inmueble", dice el Gobierno, pero es la Junta de Andalucía la que debe desalojar el restaurante y proceder a la extinción de la concesión, "dado que así lo establece, por cierto, una sentencia judicial". "Costas lo que ha dicho es que el inmueble se derriba porque no se va a destinar a una nueva concesión administrativa. El Gobierno tiene la potestad de decidir a qué se destina y el Ejecutivo central", declaran, está en línea con lo que ha planeado para esa zona el Ayuntamiento de Málaga.

¿Y qué ha planeado ahí el Ayuntamiento? Pues el Consistorio impulsa ahora los estudios previos del plan litoral, que consiste en soterrar 2,3 kilómetros de tráfico en el frente marítimo de la ciudad, desde el Muelle Heredia hasta las inmediaciones del Gran Hotel Miramar, y en la parte superior habrá una gran peatonalización para generar espacios de encuentro ciudadano. Eso es lo que ocurrirá en la zona de Antonio Martín, que será peatonalizada. Y Costas, según el Gobierno, se alinea en este punto con las tesis del Consistorio malagueño.

Existe una sentencia firme que obliga a una extinción de la concesión administrativa y es la Junta la que tiene que desalojar a los propietarios y Costas, que tiene las competencias en el dominio público marítimo terrestre y, por tanto, sobre el bien inmueble, ha decidido que allí no haya una nueva concesión. El Ayuntamiento ha efectuado allí una planificación urbanística determinada y es en eso en lo que se basa Costas.