Unicaja Banco y los sindicatos lograron alcanzar a primera hora de la mañana de ayer, y después de una maratoniana sesión de 24 horas de negociación final, un preacuerdo relativo al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la entidad para la salida a 1.513 trabajadores (el 15,6% de su plantilla), aunque el banco ha accedido a que la cifra pueda quedarse en un mínimo de 1.314 si hay ese cupo de empleados que voluntariamente se acogen al mismo.

Antes de este 15 de diciembre, la empresa facilitará ya a los empleados que pueden acogerse al ERE los cálculos estimativos de su indemnización. Los trabajadores que quieran ser incluidos podrán solicitarlo hasta antes del próximo 15 de enero. Con las solicitudes que reciba, el banco tendrá un periodo de 30 días naturales a partir de ese momento para aceptar o rechazar cada caso. Le corresponderá también a la entidad decidir la fecha de extinción concreta del contrato de cada trabajador afectado, avisando con un mínimo de 30 días de antelación.

En el caso de que las adscripciones superen el número máximo de afectados que recoge el ERE (en otros bancos ha ocurrido así y se da por hecho que también pasará en Unicaja) la entidad aplicará para la selección un orden de prelación por tramos de edad descendente. En todo caso, se reserva poder saltarse en algún momento esa norma por necesidades organizativas si en algunas provincias hay más adhesiones que el excedente detectado.

De no cubrirse con voluntarios el ERE, el criterio aplicable por Unicaja para completar el cupo sería «la menor idoneidad para el desempeño del puesto o la menor polivalencia funcional».

El plazo general de ejecución de las medidas del ERE será hasta el 31 de diciembre de 2024, según se recoge en el documento.

La consecución de este principio de acuerdo es un alivio para la entidad financiera tras más de dos meses de conflicto laboral en el que ha estado permanentemente en el foco mediático, y le deja ahora el escenario más apaciguado de cara a la presentación de su nuevo plan estratégico, que se hará público próximamente (este mismo mes) para marcar la hoja de ruta de los próximos años.

Las conversaciones entre ambas partes en relación al ERE se prolongaron de forma intensa y a contrarreloj durante todo el jueves y la madrugada del viernes, fecha en la que expiraba el plazo del periodo formal de consultas. Se registraron avances que permitieron, primero, desconvocar la huelga prevista para ayer y, finalmente, llegar a un principio de acuerdo. El documento fue firmado por CCOO, UGT, CIC-Suma-T-SIBANK y CSIF, lo que supone el 74,67% de la representación sindical. CESICA, por su parte, anunció que no lo suscribía. Tampoco lo hicieron otras fuerzas sindicales de corte más minoritario.

En los próximos días ( se apunta al martes, 7 de diciembre) ese preacuerdo deberá también de ser respaldado por los órganos de los sindicatos firmantes.

Reacciones de ambas partes

UGT dijo que lo firmado cumple las premisas de «voluntariedad, condiciones de salidas dignas y movilidad geográfica y voluntaria». «Ningún trabajador sea cual sea su origen verá reducida su retribución actual y se han aumentado beneficios sociales para toda la plantilla», expuso esta central, que añadió que «se abre la posibilidad de salidas mediante prejubilaciones desde los 50 años y salidas voluntarias compensadas para los menores de 50 años».

CCOO afirmó que las salidas anunciadas serán «en condiciones voluntarias e incentivadas». En lo que se refiere a la homologación de condiciones laborales, dijo que, aparte de mejorar algunos beneficios sociales, permisos y carrera profesional, se ha conseguido que el banco «se comprometa a abrir un proceso de negociación a partir del próximo año para crear un modelo retributivo único para toda la entidad».

CSIF, por su parte, aseguró que el preacuerdo «conjuga las aspiraciones» de los trabajadores que podrán optar por inscribirse en el ERTE con los que se quedan.

Fuentes de Unicaja informaron de que el preacuerdo está basado «en el mecanismo prioritario de voluntariedad como criterio fundamental de selección». El banco añadió que el procedimiento permite conciliar «los derechos e intereses de la plantilla y la consecución de los objetivos de la empresa».

«Este proceso de negociación laboral responde a la consecución de los objetivos estratégicos de la entidad previstos en el proyecto de fusión, y se enmarca en las tendencias sectoriales de un entorno complejo y sujeto a múltiples retos», comentó el banco, que también cerrará 395 oficinas.

Condiciones de salida

Según explicaron fuentes sindicales, el colectivo de trabajadores de 63 años en adelante saldría con 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades y el de 54 años en adelante que tengan al menos 10 años de antigüedad lo haría con un 65% del salario bruto y con descuentos del desempleo, además de convenio con la Seguridad Social hasta los 63 años. El límite en este colectivo sería el 79% del salario neto.

Respecto a las personas de entre 50 y 53 años se introduce un 65% del salario bruto anual también con un límite del 79% neto, multiplicado por siete y con descuentos del desempleo. También se incluye siete años de convenio con la Seguridad Social.

Para los de menos de 50 años se dan 40 días de salario bruto anual por año de servicio, con prorrateo de meses y límite de 36 mensualidades. Si la adscripción es voluntaria se ofrecen 1.500 euros por trienio e indemnización por antigüedad (6.000 hasta los diez años, 9.000 entre 10 y 15, 12.000 entre 15 y 20 y 15.000 para los de más de 20 años).

En cuanto a la movilidad geográfica, la premisa inicial será la voluntariedad para un máximo de 150 traslados. Las compensaciones serán de 0,19 euros por kilómetro un máximo de tres años para los que se desplacen entre 26 y 50 kilómetros, más una prima de 1.500 euros brutos. Como alternativa, se ofrecerá la incorporación a los puestos de gestor remoto, compensado con 320 euros. Para los que se trasladen entre 51 y 100 kilómetros, la prima es de 2.500 euros. Y para distancias de 101 a 250 kilómetros se ofrece una compensación de 18.000 euros y ayuda para la vivienda de 700 euros al mes un máximo de tres años.

Sólo en caso de no cubrirse así las necesidades en provincias excedentarias y deficitarias, podría aplicarse movilidad forzosa de corta distancia.