El Gobierno central es el propietario, a través del Ministerio del Interior, del antiguo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Capuchinos, un edificio que fue convento y cuartel militar y que data del siglo XVII. Además, durante buena parte de este siglo protagonizó numerosos titulares por las condiciones en las que se encontraban allí los inmigrantes y hasta se produjo el caso de unos presuntos abusos sobre varias mujeres internas, aunque los policías acusados fueron absueltos. El caso es que este inmueble vuelve a la actualidad porque la pasada semana el Gobierno inició los trámites para demolerlo, pero el Ayuntamiento se opone a esa iniciativa y ha anunciado que la frenará. Se abre, por tanto, un nuevo frente de confrontación entre las dos administraciones.

El alcalde, Francisco de la Torre, ya puso ayer un tuit en el que decía: "Pienso que un edificio del siglo XVII como el antiguo convento de Capuchinos, luego cuartel, debe conservar sea cual sea su uso, los elementos esenciales de su arquitectura. Al menos la fachada que define la imagen de la plaza. Hablaré de ello con el ministro del Interior".

El edil de Urbanismo, Raúl López, ha explicado hoy que ya han sido enviados varios técnicos de conservación al edificio con el fin de que hagan un informe sobre la situación del edificio y ha asegurado que la idea es dar los pasos necesarios para protegerlo. El edificio, indica, no puede ser demolido, porque, en su opinión, se halla en la zona de influencia del Pepri Centro y, por tanto, no puede ser derribado sin informes arqueológicos y sin que tenga al menos un proyecto que sustituya al inmueble, como ocurrió, dice, con el suelo del Astoria-Victoria, para cuya demolición se presentó el plan del edificio translúcido de usos culturales y gastronómicos finalmente no llevado a cabo.

Explica López que, aunque haya una empresa adjudicataria para demolerlo, luego esta habrá de pedir la correspondiente licencia a Urbanismo, que, en principio, dirá que no con el fin de "frenar la demolición del CIE de Capuchinos".

Ya había, además, un informe de 2016 de la Gerencia de Urbanismo que alertaba del mal estado del edificio, porque además de haber sido CIE albergó unidades caninas, "aunque la parte que colinda con la iglesia hay unos muros del siglo XVII que podrían conservarse. Esto no puede demolerse, hay que protegerlo, mantenerlo, no estamos de acuerdo con demoler el CIE".

Ya en junio de 2012, el Gobierno anunció su intención de cerrar el CIE, después de los numerosos escándalos sobre hacinamiento y mal estado del inmueble que se habían desatado en los medios merced a denuncias de las organizaciones de derechos de los inmigrantes. Hasta la Fiscalía de Málaga llegó a decir en una de sus memorias que "reclamar el cierre del CIE, lo cual venimos haciendo año tras año, constituye una obligación moral. Consideramos que un país como el nuestro no puede permitirse tener un CIE como el de Málaga". El edificio sufrió, de hecho, diversas reformas.