La Fiscalía de Málaga admite a trámite la denuncia de CGT sobre la eliminación de trenes

El sindicato CGT ha explicado este martes que la Fiscalía de Málaga ha incoado diligencias previas preprocesales penales contra Renfe y sus gestores tras la denuncia formulada por esta central tras la supresión de 34 trenes de cercanías diarios en el núcleo de Málaga, todos ellos encuadrados dentro de las Obligaciones de Servicio Público que la empresa está obligada a prestar conforme al contrato programa Renfe-Estado vigente hasta 2027, y por el que la compañía percibe subvenciones públicas.

"CGT se felicita por la admisión a trámite por la Fiscalía de Málaga, confiando en que se llegue hasta el fondo del asunto y que en beneficio del derecho a la movilidad de la ciudadanía se realicen las imputaciones correspondientes a los responsables de Renfe por unas decisiones arbitrarias que pudiesen conllevar el enriquecimiento injusto a costa del bien común y de los impuestos de todas y todos", apunta el sindicato.

Esta organización sindical añade que "va a seguir alzando la voz, con todos los medios a su alcance", contra lo que define como un "atraco social" por el "incuplimiento" de las OSP (Obligaciones de Servicio Público) y la eliminación de trenes que vertebran la Costa del Sol y el interior de la provincia con la capital malagueña.

Hasta el momento se han suprimido este año 3.600 supresiones trenes de Cercanías OSP en Málaga, cuando el contrato Programa vigente hasta 2027 establece que diariamente deben circular en nuestra provincia como mínimo 136 servicios de cercanías (108 en la Málaga-Fuengirola C1 y 28 en la Málaga-Álora C2).

Según recuerda la central, las Obligaciones de Servicio Público se determinan en España dando cumplimiento a las directivas europeas desarrolladas mediante el Reglamento (CE) 1370/2007 cuyo objetivo es "definir las modalidades según las cuales, en cumplimiento de las disposiciones del derecho comunitario, las autoridades competentes podrán intervenir en el sector del transporte público de viajeros para garantizar la prestación de servicios públicos de interés general que sean más frecuentes, más seguros, de mayor calidad y más baratos que los que el simple juego del mercado hubiera permitido prestar". Éste es el caso de los servicios ferroviarios de Cercanías, con bases establecidas a través de acuerdos de Consejo de Ministros.

Los servicios ferroviarios de Cercanías, afirma CGT, son considerados de interés general "por razones de eficiencia medioambiental, social y económica frente a otros modos de transporte terrestre" tal como estableció en su día el Consejo de Ministros. En virtud de esa normativa, el Gobierno garantiza la prestación de estos servicios por parte de Renfe-Operadora "mediante obligaciones de servicio público", y se hace cargo de la compensación a la empresa operadora por los costes necesarios para garantizar los servicios.

Así, el contrato entre la Administración General del Estado y la entidad pública empresarial RENFE-Operadora recoge las compensaciones económicas que debe percibir la empresa por el déficit de explotación en la prestación de las Obligaciones de Servicio Público y el modo de percibirlas. Ante esto, CGT entiende que podría estar dándose "el cobro de unas subvenciones por servicios ferroviarios que no se han prestado y no se van a prestar".

"Nos encontramos ante un servicio público esencial que se hurta a la sociedad por decisiones unilaterales de los gestores de Renfe que no solo atentan contra el derecho básico a la movilidad de la ciudadanía sino que pese a que el propio contrato programa tras acuerdo en el Consejo de Ministros refiere que la prestación de servicios públicos de interés general como el Cercanías tienen vocación de ser más frecuentes, más seguros, de mayor calidad y más baratos… con la decisión arbitraria de Renfe rompe directamente esos objetivos además de ignorar las razones de eficiencia medioambiental, social y económica frente a otros modos de transporte terrestre, contribuyendo a acentuar la crisis climática al desviar a las personas usuarias de los cercanías hacía el vehículo privado y el consumo de combustibles fósiles", afirma la central.