Tras la llegada de 2022, hay una institución malagueña en la que el cacareado dicho de ‘año nuevo, vida nueva’ se proyecta especialmente sobre la dimensión adquirida por su Gobierno. Es la sensación que se corrobora ante la nueva vida política que ha cobrado la Diputación de Málaga.
El cese de Juan Carlos Maldonado como vicepresidente primero y la desaparición del grupo de Ciudadanos, que se ha tramitado recientemente, dejarán al PP con un Ejecutivo provincial más cómodo y empoderado en el tramo final de la legislatura.
La crisis interna en el partido naranja, sobre el que los populares se apoyaban como socio de Gobierno, ha dejado de ser una amenaza -a raíz del fracaso de una hipotética alianza como no adscritos entre Maldonado y Juan Cassá- para convertirse en una oportunidad a los ojos del equipo que preside Francisco Salado.
Al no estar Ciudadanos representado en la institución y con Maldonado ‘reciclado’ en diputado no adscrito sin competencias, al PP le bastarán los votos de sus 15 diputados y de un Juan Cassá que continúa como portavoz del Gobierno y responsable de Relaciones Institucionales.
El PP no ha necesitado convertir al asturiano en vicepresidente o entregarle otro departamento más ambicioso para amarrar la estabilidad en la remodelación del Ejecutivo que se hizo pública el 27 de diciembre.
De hecho, el macroárea de Maldonado ha servido para consolidar el peso de otros diputados populares como el coíno Cristóbal Ortega, que suma la gestión de Deportes a sus competencias de Medio Ambiente; la edil de Benahavís Esperanza González, que llevará Empleo y Desarrollo Económico Productivo; la ‘nueva’ vicepresidenta segunda, Natacha Rivas, que absorbe Educación y Juventud al igual que hace varios meses se le encomendó La Térmica; o Manuel Marmolejo, quien se estrena como vicepresidente cuarto con el ascenso a número 2 del Gobierno provincial de una Margarita del Cid que se comprometió a «ser alcaldesa de Torremolinos 24 horas, siete días a la semana» en su investidura del 20 de diciembre en la que triunfó la moción de censura contra el PSOE.
El panorama de la institución supramunicipal terminó de despejarse en vísperas de la Nochevieja, el mismo día en el que se aprobó definitivamente su presupuesto para 2022. Atrás quedaban las cinco semanas de tormenta política desatadas por Maldonado, una vez que el partido naranja solicitó la liquidación de su grupo político y puso fin a su vínculo provisional con el ‘desertor’ que el 22 de noviembre emprendió la misma huida desde su disciplina que el no adscrito Juan Cassá.
En el año y medio de camino que aún quedaría para el desenlace de las elecciones municipales de 2023 de las que saldrá el próximo Ejecutivo provincial, el PSOE seguirá abonado desde la oposición al mensaje de «alternativa y partido de Gobierno» que suele transmitir el grupo de 12 diputados liderado por el exalcalde marbellí José Bernal. Este rol se correspondería con la altura de miras a la que apeló Bernal al fortalecer la aprobación de los presupuestos provinciales con una abstención que no fue del agrado de sus ocasionales aliados de Podemos e Izquierda Unida. Es más, el grupo de Adelante Málaga llegó a reprocharle al PSOE su interés en «hacer de partido bisagra».
A partir de ahora, el día a día de los socialistas se nutrirá frente al horizonte electoral del ascenso orgánico que ha convertido a su portavoz en la Diputación Provincial en el nuevo secretario de Organización del PSOE, tras el aterrizaje como líder del partido del aspirante a la alcaldía de la capital malagueña, Dani Pérez.
Sin ir más lejos, sobre Pérez y Bernal recaerá en las próximas fechas la presión del encargo que ha hecho el líder regional y candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, quien coincidiendo con el congreso provincial del pasado 12 de diciembre manifestó que su gran objetivo en la provincia de Málaga es recuperar el Gobierno de la Diputación. Lo antepuso, incluso, al propósito de regresar a la alcaldía de la capital aunque dejó claro que ambos anhelos políticos están conectados.