La Asociación de Vecinos Mestanza y Lomas de Cantarranas continúa con la ofensiva judicial para intentar impedir la construcción en 20,8 hectáreas de la Vega de Mestanza de Málaga capital de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Guadalhorce Málaga-Norte, lo que supondría la tala de 8.500 árboles frutales, según datos de la Junta.

Por este motivo, a finales de diciembre la asociación presentó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA un segundo contencioso que incluye una solicitud de medida cautelarísima o subsidiariamente, una medida cautelar ordinaria para tratar de paralizar el proyecto.

Además, informó ayer a este diario Marcelino Abraira, el abogado de la asociación vecinal, en breve presentarán una querella criminal contra los responsables autonómicos del proyecto, «por un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos».

En junio del año pasado, el TSJA ya admitió a trámite un primer recurso en el que se argumentaba falta de información por parte de la administración autonómica: «Para consultar el expediente del proyecto la Junta de Andalucía remitía a una web y no se veía nada y después de un mes nos mandó un disco que no estaba completo», explicaba a este diario el abogado en enero de hace un año.

Las obras conllevarán la tala de 8.500 árboles frutales, según datos de la Junta. | A.V.

Con el segundo contencioso, la asociación responde a la denegación por silencio administrativo de un recurso de reposición -una petición al órgano que dictó una resolución para que cambie su sentido- que entre otras medidas aprobaba definitivamente el proyecto de la EDAR.

En la justificación que los vecinos hacen de la medida cautelarísima para paralizar este proyecto se señala que cuando finalmente la Junta de Andalucía contestó a las alegaciones contra la depuradora, «continuamente se acude por la Administración a señalar reiteradamente que no está terminada la Autorización Ambiental Unificada», de acuerdo con la ley autonómica de 2007.

El abogado considera inexplicable que para todas las «cuestiones vitales» que plantean los vecinos, puesto que la EDAR se levantará en una zona inundable, remitan a una autorización ambiental que aún no se ha hecho realidad. «El Tribunal Supremo, en Jurisprudencia consolidada establece que en zonas inundables no es posible la ubicación de una depuradora y la Vega de Mestanza lo es», señala por otra parte el escrito.

«Llevo 34 años como abogado y nunca he visto esas contestaciones», declaró ayer Marcelino Abraira, que subrayó además que según el artículo 149 de la Constitución, ninguna ley ambiental autonómica, como la que Andalucía tiene desde 2007, «puede ser menos» que la norma estatal, en este caso el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 1961.

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«Confío más en el Tribunal Supremo que en la Junta de Andalucía. Confío en la Justicia», subrayó por último el letrado.

En enero de hace un año, el director general de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía, Sergio Arjona, informó a este diario de que el emplazamiento para construir la EDAR estaba fijado desde 2009 y que en 2017 se aprobó por unanimidad de la Junta y los cinco municipios beneficiados el emplazamiento de Mestanza «entre cinco alternativas».