"Las políticas sociales no son un gasto; son una inversión". La ampliación y refuerzo de los servicios de ayuda e inclusión a grupos sociales vulnerables, en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género, o personas mayores ha supuesto un impacto en el PIB de Andalucía de 3.905 millones de euros en 2020, por encima del peso que tienen sectores punteros como el de las telecomunicaciones y las energías renovables.

Rocío Ruiz, consejera de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación, ha presentado junto a sus autores el informe 'El impacto de las Políticas Sociales en 2020 en la economía de Andalucía y su incidencia en el PIB'. Ruiz ha incidido en el estigma que hay sobre la inversión en Políticas Sociales, y ha defendido que el estudio "pretende ayudar a superar el concepto de que las PS son solo ayudas".

El líder del proyecto, el profesor Joaquín Aureoles Martín ha destacado del análisis el resultado sobre trabajo generado a través de estas Políticas: En su mayoría es trabajo asalariado. Más de 80.000 personas han sido contratadas bajo este tipo de contrato, mientras que solo 719 eran autónomos. Además, la creación de empleo supone la mayor parte del Valor Añadido Bruto. 

Por otra parte, el valor de los servicios producidos por las Políticas Sociales iguala en tamaño a los de sectores como la banca y el turismo, lo que evidencia que “los derechos sociales son un motor económico”. Para la consejera, las Políticas Sociales “no son cuestión de ideología, sino de justicia”, y se debe trabajar para que lleguen a ser objeto de acuerdos de Estado, y no solo iniciativas puntuales.

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en colaboración con un equipo de trabajo de la Universidad de Málaga formado por José Manuel Cabello, Francisco Ruiz de la Rúa, y Joaquín Aureoles Martín ha sido el encargado de elaborar el análisis.