Cuenta Francisco Gutiérrez (Málaga, 1954) que donde vino al mundo, una modesta casa de vecinos de El Perchel, en la desaparecida calle Balmes, hoy se levanta «un mamotreto feísimo». En 1968, el futuro sindicalista, Defensor del Ciudadano y ‘azote’ de los acosadores inmobiliarios tuvo que dejar el barrio por las obras de la futura avenida de Andalucía.

Lleva varios años jubilado, ¿por qué ha vuelto a la primera línea?

Parafraseando a Miguel Ríos, ‘los viejos rockeros nunca nos jubilamos del todo’ y aunque yo estoy jubilado tras 45 años cotizando, nunca he dejado de hacer cosas. Por la etapa de Defensor del Ciudadano te siguen llamando muchas personas y en este caso Enrique Gutiérrez -portavoz de los vecinos-, que no es familia, me llamó y estoy echando una mano de forma totalmente altruista.

Se fue del Perchel con 14 años por las obras de la Prolongación de la Alameda. Ahora, en 2022, le toca a otros vecinos.

Desgraciadamente, después de tantísimos años las circunstancias se repiten. Hay que ir expulsando a los habitantes tradicionales de estos barrios. El desarrollo de Málaga por el Oeste ha convertido este barrio humilde de pescadores casi en el centro neurálgico de la ciudad. Ahora, la pretensión es echar a las cincuenta últimas familias. Son los últimos del Perchel.

Con la ley en la mano, ¿qué pueden hacer estos inquilinos para no dejar las viviendas?

Con la ley en la mano hay dos situaciones diferenciadas. Por un lado están los vecinos de renta antigua, los de contratos anteriores a 1985. En esa situación hay unos 15 vecinos. Para ellos los contratos son indefinidos, no los pueden echar y por tanto, ellos tienen la sartén por el mango y deciden si se van o no.

¿Y los vecinos con contratos posteriores a 1985?

El resto de los vecinos, y el que menos lleva 15 o 16 años, todos están en lo que la ley llama la ‘tácita reconducción’, es decir, firmas un contrato de cinco años, cuando se cumplen los cinco y no ocurre nada te prorrogan otros tres y cuando se cumple ese tiempo -al octavo año-, si ninguna de las partes dice nada se van renovando anualmente. ¿Qué pasa con estos contratos que no son de renta antigua?, pues que el que tengan la ‘reconducción’ de un año no significa que no tengan derechos. Aparte del tiempo que llevan aquí, en el barrio hay un PERI de mayo de 2000 Perchel Sur y aunque el Ayuntamiento parece que interpreta de forma distinta, el punto tercero plantea el mantenimiento de las personas que están habitando en el barrio. Nosotros interpretamos que esas personas que hay que mantener en El Perchel son los inquilinos, que además están en una situación económica de vulnerabilidad.

¿Abandonarán entonces sus viviendas el 1 de marzo?

No, no se van a mover de sus casas y por tanto habrá que ir a la Justicia y plantearemos los argumentos de los vecinos.

¿Los inquilinos pagan de forma puntual?

Es importante recalcar que aquí todo el mundo está pagando escrupulosamente sus mensualidades. Esta no es una situación de que usted lleva dos años sin pagar la renta y tengo que echarle.

¿Y la propiedad ha cumplido sus obligaciones?

En 2017 se aprueba por unanimidad una moción en la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga y se le exige a los propietarios, a la empresa Vitrubio -absorbida luego por Dazia-, que tienen que cumplir con su responsabilidad de mantener la vivienda con seguridad, salubridad y ornato público, porque llevaban tiempo sin hacerlo. En el libro sobre el acoso inmobiliario en Málaga de la oficina del Defensor del Ciudadano se contaba que muchos propietarios dejaban sin mantener las casas hasta declarar un desahucio por ruina. Eso no ha pasado, no por la propiedad, que hizo caso omiso a esa obligación, sino porque los vecinos, gracias a su esfuerzo, se han ocupado de mantener sus viviendas. No hay ninguna situación de ruina, no hay nada que justifique que esto se tenga que echar abajo excepto una especulación, que es lo que pretende Dazia.

¿Qué margen de maniobra tiene el Ayuntamiento?

En el PERI de El Perchel tiene que haber un aprovechamiento urbanístico que el Ayuntamiento puede utilizar para sacar una parcela, como se ha hecho en otros barrios. Tiene instrumentos para hacer unas viviendas o bien de VPO en alquiler o bien de viviendas sociales en alquiler para reubicar a estos vecinos. Dazia ha manifestado que ellos estarían dispuestos a colaborar y el Ayuntamiento entiendo que tiene la obligación. La solución aquí no pasa por que le den a los vecinos cinco mil euros para que se vayan sino buscarles una alternativa habitacional en el mismo barrio. Salvador Moreno Peralta lo dice muy bien: todo desarrollo urbanístico basado en el sufrimiento y el desahucio de los vecinos de toda la vida es una inmoralidad. Eso lo puede hacer una empresa privada pero no lo puede mantener un ayuntamiento democrático como el de Málaga. Por eso, confiamos en que en el próximo pleno extraordinario, convocado por los grupos de la oposición, el Ayuntamiento se comprometa a dar una solución, más allá de expresar buena voluntad.