El 64% de las desapariciones denunciadas en la provincia de Málaga son de menores

La provincia de Málaga registró el año pasado un total de 749 denuncias por desaparición de personas. Se trata, con mucha diferencia, de la mayor cifra de toda Andalucía, región que en el mismo periodo contabilizó 3.316 casos, según recoge el informe anual del Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior. Le siguen Sevilla (561) y Cádiz (538), mientras que Jaén fue la que menos casos acumuló con 101 denuncias. El dato malagueño es uno de los más altos del país, superando incluso los casos de comunidades autónomas como Galicia (723), Murcia (658), Aragón (605) o País Vasco (442). La región andaluza, por su parte, es la segunda de España con 3.316 denuncias, sólo superada por Canarias, que sumó 4.240. En España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tramitaron un total de 22.285 denuncias.

En lo que a Málaga se refiere, el informe desgrana cómo 480 de las desapariciones fueron protagonizadas por varones y 269 por mujeres, siendo los menores los que más casos protagonizaron con 422 denuncias (249 de chicos y 173 de chicas). La gran presencia de menores de edad se argumenta con un gran número de casos protagonizados por jóvenes «ausentados» de los centros de protección en los que residen, término que ha sustituido a «fugados», y suelen estar asociados a los flujos migratorios.

Alertas del Centro Nacional de Desaparecidos activas en Málaga

El 83% de las denuncias registradas por desaparecidos se resolvieron en los primeros 15 días y solo el 0,46% fueron clasificadas de carácter forzoso

Por otro lado, el balance aclara que la mayoría de los 749 casos se cerraron con la localización de sus protagonistas. De hecho, el año 2021 se cerró con 228 denuncias activas. De nuevo, los varones son mayoría con 192 casos (120 de ellos menores) por los 36 de mujeres (21 menores).

Por su parte, de los datos nacionales se desprende que el 83% de las denuncias registradas por desaparecidos se resolvieron en los primeros 15 días y solo el 0,46% fueron clasificadas de carácter forzoso. El 3,3 se consideró involuntaria y un 9% permanece sin catalogar. Durante 2021 también se identificaron 117 cadáveres, la cifra más alta desde que se tienen registros.

Los casos aumentaron un 21,5% respecto a 2020, «un año condicionado por el impacto de la pandemia y que, por sus características excepcionales, propició una reducción extraordinaria en el número de casos que no puede compararse con el resto de años de la serie histórica», según ha destacado Interior.

Por edades, un 66% de los casos corresponde a menores de edad y únicamente la franja entre los 13 y los 17 años concentra el 64% del total de denuncias registradas, según el informe que recoge las 22.285 denuncias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron en 2021, un 19% menos que en 2019.

El Gobierno promete medios para alcanzar protocolos de actuación más eficaces

El Gobierno presentó el pasado mes de marzo el Primer Plan Estratégico sobre Personas Desaparecidas (2022-2024), un proyecto que fue aprobado días antes en el Consejo de Ministros y que el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, presentó ante las asociaciones y fundaciones más representativas de los familiares afectados. Lo hizo el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente (9 de marzo) para trasladarles un plan que pretende incrementar las capacidades de prevención e investigación de las fuerzas de seguridad y mejorar los protocolos de actuación para ofrecer una respuesta más eficaz a las desapariciones. «La atención a las familias es también una prioridad y el plan contribuye a seguir mejorando nuestro empeño permanente de ofrecer mayor cercanía y calidad en el apoyo y la asistencia a los familiares y allegados a quienes les ha desaparecido un ser querido», dijo Pérez. El documento identifica cuatro líneas de acción prioritarias: prevención y sensibilización; formación; medidas tecnológicas para la investigación y resolución de casos; y atención a familiares y allegados al tercer sector social. De estas grandes líneas derivan catorce objetivos, de los que dependen a su vez noventa y tres medidas que deberán implantarse entre 2022 y 2024.

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