La lucha contra el terrorismo y el apoyo a sus víctimas será "una prioridad" de la próxima presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que tendrá lugar en el segundo semestre de 2023, según ha anunciado este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Durante la clausura de la Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre Derechos Humanos, Sociedad Civil y Lucha contra el Terrorismo, organizada por la ONU y el Gobierno central que comenzó este martes en Málaga, Marlaska ha recordado que, durante décadas, el terrorismo ha golpeado "con brutalidad" a la sociedad española.

El ministro ha afirmado que España "puede dar testimonio de la dureza con la que el terrorismo golpea a las sociedades democráticas", así como probar que los valores democráticos ofrecen "instrumentos más que útiles para derrotar a las organizaciones terroristas".

Tras referirse a la "historia de violencia" en la que destaca la organización ETA, ha señalado que España enfrenta también el terrorismo yihadista, especialmente desde 2004, cuando se produjo en Madrid el atentado de mayor número de víctimas mortales registrado en la UE, una amenaza a la que también se enfrenta la comunidad internacional.

Ha expuesto que la "experiencia acumulada y las lecciones aprendidas" en el combate contra el terrorismo han permitido a nuestro país dotarse de un esquema de protección.

En esa línea, ha dicho que la estrategia nacional contra el terrorismo "sintetiza las enseñanzas aprendidas durante décadas" en esta materia, y tiene una "doble dimensión social", puesto que pretende generar una sociedad "cada vez más resiliente", pero también "se apoya" en el testimonio "cívico y ejemplar" de las víctimas.

Desde 2005, España dispone de un plan de prevención y protección antiterrorista, que introdujo los niveles de alerta que evalúan el grado de riesgo, el cual se actualizó el pasado febrero, y ahora asegura además la respuesta tras un ataque, con procedimientos para capturar a los autores y favorecer la vuelta a la normalidad.

Asimismo, ha sostenido que una de las principales estrategias para atajar la implantación de este tipo de terrorismo es detener los procesos de radicalización, que es el objetivo del plan nacional aprobado en 2020, año en el que también se aprobó otra iniciativa contra la financiación del terrorismo.

Este diseño quedaría "incompleto", según Marlaska, sin "el faro al que siempre nos hemos dirigido en nuestro país: el apoyo y la asistencia a las víctimas", ha manifestado.

Ante los asistentes a la Conferencia, ha relatado que en nuestro país "las víctimas del terrorismo acuden a los colegios" para compartir su relato y los jóvenes "reciben así la mejor clase magistral sobre valores humanos, tolerancia, paz y rechazo a la violencia".

"España asume como un deber moral y legal la promoción de las víctimas del terrorismo", ha dicho el ministro, que considera que el conocimiento de este fenómeno es "un instrumento idóneo para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política".

- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (d), a su llegada al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, donde se ha celebrado la clausura de la Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre Derechos Humanos, Sociedad Civil y Lucha contra el Terrorismo EFE

Marlaska ha trasladado al secretario general adjunto de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, Vladimir Voronkov, que la comunidad internacional "siempre encontrará en España a su más firme aliado" en la defensa de los derechos humanos, en la lucha contra el terrorismo y en la protección de sus víctimas.

Voronkov, que ha precedido a Marlaska en la clausura, ha dicho en su intervención que los terroristas tienen que ser enjuiciados, en cumplimiento del Estado de Derecho, y también debe haber estrategias de rehabilitación e integración, ya que "si hay impunidad, puede generar mayor radicalización".

También ha abogado por que los estados miembros adopten medidas que tengan en cuenta los derechos humanos y la perspectiva de género, y ha considerado que en ellos también recae "la principal responsabilidad" a la hora de defender los derechos de las víctimas.

Además, ha reivindicado el papel de los defensores de los derechos humanos, que ha calificado de "fundamentales", tanto para los estados miembros como para Naciones Unidas, porque permiten "llegar a las comunidades locales".