Los constructores de Málaga piden consenso a los partidos para destinar más suelo a viviendas

La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) ha reclamado este miércoles a las formaciones políticas andaluzas que lleguen a acuerdos de consenso para destinar más suelo a la construcción de viviendas y permitir así que colectivos como los jóvenes tengan más posibilidades de acceso al mercado inmobiliario. Los promotores se han referido tanto a la "necesaria" puesta en carga de los suelos en manos de la Administración como de aquellos que la legislación les obliga a ceder para la construcción de viviendas protegidas.

Además, sugieren la adopción de medidas adicionales para estas viviendas de precio tasado como préstamos de bajo interés o avales públicos para costear la entrada (que suele ser, al menos, de un 30% del precio de la vivienda). La ACP, que ha celebrado una reunión de la junta directiva de promotores inmobiliarios, estima que actualmente gestiona más del 80% del suelo residencial de la provincia.

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Según la ACP, la "ausencia" de suelo finalista y los "excesivos" plazos de gestión de planeamiento para nuevos desarrollos han sido uno de los factores que han encarecido lo que denominan "la materia prima básica para la edificación". A su juicio, esto está "repercutiendo negativamente en el precio de la vivienda y dificultado el acceso a la misma a muchos colectivos, como los jóvenes".  

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En la reunión, los promotores han elaborado unas propuestas que entienden que "vendrían a mejorar y equilibrar un sector esencial como es el de la vivienda". El presidente de ACP Málaga, Juan Manuel Rosillo, espera que se conviertan en "ideas básicas de consenso" y solicitan el compromiso de los partidos "para impulsarlas desde el papel que les corresponda tras el proceso electoral, ya sea gobierno u oposición". 

Así, ante la "insuficiente" cifra de viviendas protegidas promovidas por la Administración Pública, proponen fórmulas de colaboración público-privadas que introduzcan cambios para hacerlas "viables y atractivas" a la participación privada. Entre ellos, sugieren que se cuente con módulos adaptados a los costes reales de construcción y equilibrados a los que ya hay en otras comunidades, o que haya una ampliación de las rentas para el acceso a esta tipología de vivienda.

"Son muchos los que exceden de los parámetros requeridos para acceder a una vivienda protegida, pero se quedan también lejos del acceso a una vivienda del mercado libre", sostienen.

Los promotores solicitan además la "necesaria clarificación" de la legislación urbanística y, muy especialmente, de los informes sectoriales y de las normativas medioambientales, con especial mención a la GICA. Según su criterio, existe una legislación "extensa y confusa, incluso a veces contradictoria". Como solución, proponen la digitalización total de las tramitaciones administrativas la ampliación de las tramitaciones a realizar mediante declaración responsable. La ACP apela al buen resultado que ya está teniendo esta figura para la obtención de la primera ocupación de las viviendas, y proponen extender su utilización, en línea con la tendencia legislativa de las directivas europeas, "que apuestan por dar responsabilidades al administrado, es decir a las empresas".

"No pedimos disminuir en ningún término las exigencias urbanísticas, técnicas o medioambientales, sólo contar con plazos ciertos y ágiles de respuesta por parte de la Administración y en caso de no ser así, nos dejen asumir la responsabilidad de su cumplimiento", afirma el presidente de la junta directiva de Promotores, Ignacio Peinado. Según su experiencia, cada proyecto se convierte en la entrada a "un laberinto, que no siempre cuenta con salida, pero que en cualquier caso, lleva años recorrer". Y aunque tienen esperanzas en la entrada en vigor de la LISTA y de su reglamento de desarrollo, piden "más valentía y responsabilidad" a la Administración, con medidas como la ampliación del uso del silencio positivo.

La ACP también ha demandado, dado el gran atractivo que tiene Málaga en el mercado internacional, la adopción de políticas de índole fiscal como la eliminación del Impuesto de Patrimonio (que ya no persiste en la mayoría de los países europeos) "como única fórmula de ser competitivos frente a otros países cercanos, que están apostando de forma decidida por la figura del residente no habitual".  

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