Entrevista | Enrique Martín Adjunto a la secretaría de Protección Social y Políticas Públicas en CCOO e integrante del Consejo Económico y Social de España

«Las pensiones necesitarán ayuda adicional del Estado hasta 2050, el punto de tensión máxima»

«Tras la generación de pensionistas del baby boom volveremos a un nivel de gasto sostenible sólo con cotizaciones sociales» «El sistema debe ser sostenible y revalorizable; es vital para la economía porque de él depende buena parte del consumo»

Enrique Martín, hace unos días en Málaga.

Enrique Martín, hace unos días en Málaga. / L. O.

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO organizó hace unos días una conferencia en la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga en la que se abordó el presente y futuro del sistema público de pensiones. La ponencia corrió a cargo de Enrique Martín, uno de los integrantes del Consejo Económico y Social de España, órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral que incluye a sindicatos, empresarios, consumidores y expertos. Martín pertenece a la secretaría confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO.

El modelo de pensiones en España y su sostenibilidad lleva años en el centro del debate político y social, ¿cuál es su visión?

Nosotros estamos empeñados en garantizar un sistema público de pensiones que sea adecuado, suficiente y sostenible. Estas tres condiciones se pueden y se tienen que dar a a la vez, para nosotros son algo irrenunciable. Las pensiones tienen una importancia vital tanto a nivel económico como social, por eso es importante que se garantice la sostenibilidad del sistema y los acuerdos de revalorización. Las pensiones garantizan la renta de 9 millones de españoles, 1,9 millones de andaluces y 276.000 malagueños. Es un instrumento de primera magnitud para asegurar la demanda interna y el consumo. Sólo en Andalucía, la nómina anual de las pensiones es de 22.000 millones al año, de los que 3.800 corresponden a Málaga, y todo eso repercute en consumo directo. Pedimos a los partidos el compromiso con unas pensiones sostenibles y revalorizables con el IPC.

Pero la evolución demográfica indica que cada vez habrá más pensionistas y una cifra de trabajadores estancada.

La cifra de pensionistas va a seguir creciendo conforme se vaya jubilando la generación del baby boom. Los 9 millones actuales de pensionistas llegaran a 12, 14 e incluso 15 en las próximas décadas. Lo que está por ver es la evolución de la población en edad de trabajar y sus aportaciones al sistema. Quiero recordar que los ingresos por cotizaciones sociales en el Régimen General de la Seguridad Social han subido un 7% este año. Y ha sido por aumento del empleo, no porque los salarios hayan subido (lamentablemente no ha sido así). Eso ya es una mejora. Se han incluido otros elementos en el primer paquete de medidas de la reforma de pensiones para elevar esos ingresos del sistema y asegurar la sostenibilidad: los autónomos cotizarán por sus ingresos reales y las bases de cotización de las empresas, tras años de retrocesos, subirán ligeramente en 2023. También se contempla una vía de transferencias del Estado, que debe actuar como garante del sistema.

O sea, que se requerirá de una inyección extra estatal.

Sí. Se necesitará de forma adicional apoyo del Estado para completar lo que no se recaude por cotizaciones sociales. Hoy día el sistema de pensiones tiene un gasto de 10 u 11 puntos del PIB y se calcula que en 2050, el momento de máxima tensión demográfica, se situará en 15 puntos. A partir de ahí la situación se normalizará porque la generación de pensionistas del baby boom pasará y volveremos a un nivel de gasto sostenible sólo con cotizaciones sociales. Hasta entonces habrá que completar con transferencias del Estado, pero incluso en el momento de más ayuda, cuatro de cada cinco euros de los que se destinarán a pensiones vendrá de las cotizaciones, y sólo uno de transferencias directas. Todo esto forma parte del acuerdo sobre reforma de pensiones, y hay un compromiso en la Ley de Presupuestos. También se ha modificado la Ley General de la Seguridad Social y se ha realizado un listado exhaustivo de transferencias a realizar. El peso será de unos dos puntos del PIB al año.

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La edad legal de jubilación va camino de los 67 años, aunque otra cosa es la edad efectiva a la que sigue jubilando la gente.

Tenemos un modelo flexible. Somos capaces de retrasar la edad media de jubilación haciéndolo compatible con el derecho a la jubilación anticipada. El 39% de los españoles se jubila antes de la edad que le corresponde y aún así tenemos una edad media de jubilación alta, en torno a los 63-64 años. Esto se ha conseguido con un sistema de incentivos y desincentivos: si te jubilas antes cobras menos, y se la retrasas te vas con una más alta o incluso puedes capitalizarla. Ahora mismo, el porcentaje de personas que sigue trabajando cumplida la edad de jubilación es sólo del 5%, con lo que queda recorrido. Lo importante, en todo caso, es que esa opción sea siempre voluntaria y que, al margen de lo que decida cada pensionista, haya garantía de una pensión suficiente. Eso sí, si el modelo productivo descansa mucho en trabajos físicamente exigentes, la capacidad de retrasar la jubilación de forma voluntaria es baja. Es más factible en puestos más intelectuales.

¿Cómo encajar la inflación desbocada que vivimos?

Hemos puesto en marcha un sistema que revaloriza las pensiones a partir de una inflación media, así las variaciones son menos abruptas pero se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo. Debemos ser conscientes de que el escenario actual es extraordinario, con un componente coyuntural evidente derivado del conflicto en Ucrania. Todo a apunta a que habrá una moderación de la inflación porque el componente de la energía, que es muy volátil, no se consolidará. En todo caso, venimos reclamando un pacto de rentas que se adecue a estos ciclos económicos y garantice el poder adquisitivo de salarios y pensiones.

Todavía hay muchas pensiones con importes muy bajos. En Málaga, por ejemplo, hay más de 77.000 (un 27% del total) que necesitan de complementos del Estado para alcanzar los importes mínimos establecidos.

Es cierto. Tenemos un porcentaje alto de pensiones mínimas. Cerca de una de cada tres pensiones necesitan del complemento a mínimos que garantiza el Estado. Y somos conscientes de que la cuantía es muy mejorable. Estamos proponiendo que se establezca algún tipo de vínculo para asegurar la suficiencia de las pensiones mínimas y de las no contributivas, y las ligue a los umbrales de riesgo de pobreza. Queremos pensiones dignas, y las no contributivas, que en España están en los 400 euros, están lejos de ese ideal, igual que las mínimas, que están entre los 600 y 900 euros dependiendo de la modalidad. Nuestro propuesta es mejorarla de forma estructural.

En Málaga, la pensión media de jubilación (1.145 euros) está unos 100 euros por debajo de la nacional, algo que se achaca al mayor peso del sector servicios frente a otras zonas donde hay más industria. ¿Puede la reforma laboral, que parece estar dando mayor estabilidad a los contratos, paliar esta realidad?

La reforma va a tener como primera consecuencia una mejora en la calidad en el empleo y eso ayudará a que las condiciones laborales también se incrementen. Las pensiones son siempre un reflejo del mercado. Si hay un peso alto de fórmulas precarias o de contratación temporal habrá pensiones más bajas. Resolver el problema en origen redundará en mejores salarios y prestaciones; no sólo de pensiones, también de maternidad, de desempleo o de bajas por enfermedad.

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