El grupo provincial de Unidas Podemos por Málaga en la Diputación presentará en el pleno del próximo miércoles una iniciativa para que el equipo de gobierno del PP "retome la inversión" para impulsar políticas de vivienda social en la provincia.

Así, las diputadas provinciales de la coalición de izquierdas, Maribel González y Teresa Rodríguez lamentan que en España el acceso a la vivienda "nunca se haya garantizado", y han recorrido la situación en los últimos años, con una "burbuja inmobiliaria" en 2008, la posterior burbuja en el mercado del alquiler, "que ha provocado miles de desahucios y el elevado precio de los arrendamientos, hasta un 50% entre 2015 y 2020".

Pero, resaltan, el Gobierno de España ha aprobado el anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda, que recientemente ha superado el primer trámite en el Congreso: "Esta norma da respuesta a las demandas de colectivos sociales, organizaciones sindicales y familias para habilitar mecanismos de control de los precios de los alquileres y evitar subidas extremas como las que sufrimos durante los últimos años en el conjunto del Estado".

Dicha ley, sostienen, "incluye mecanismos para limitar el precio de los alquileres a grandes tenedores y zonas tensionadas, medidas fiscales para el fomento del alquiler asequible, y relativas a los desahucios y la promoción de vivienda asequible". Por lo que consideran ambas que su aplicación tendrá "efectos positivos, pero el actual contexto de crisis y repunte del precio de la vivienda, requiere medidas urgentes de promoción de vivienda pública y alquiler social".

Málaga, según el texto de la moción consultada por Europa Press, es una de las provincias del país "con mayores dificultades de acceso a la vivienda y riesgo de pobreza"; de hecho, añade que sólo en esta provincia la Ley estatal "afectaría a 13 municipios que se consideran zonas tensionadas, ya que el gasto en alquiler supone un 30% de los ingresos familiares, convirtiéndose en la provincia del país con más municipios catalogados como zonas tensionadas".

Las diputadas provinciales aluden a datos del Informe de Emacipación Juvenil, que refleja que en Málaga "tan solo uno de cada cinco jóvenes se puede emancipar antes de los 30 años por el nivel de ingresos que obtiene en su trabajo". Además, aquellos jóvenes que quieren comprar una vivienda deben destinar más del 70% de su sueldo, lo que constituye "el porcentaje más alto de Andalucía".

Reclaman más sensibilidad al PP

Por tanto, lamentan que "el PP en esta Diputación de Málaga no muestra sensibilidad hacia este problema, más bien, ha ido despojando a la ciudadanía de las políticas públicas de vivienda con las que contaba", y recuerdan que la institución disponía de una empresa pública de vivienda (Emprovima) que, en colaboración con los ayuntamientos, "construía vivienda pública en suelos municipales, desarrollando políticas activas a favor del derecho a la vivienda".

"Sin embargo, el PP decidió eliminarla y prescindir de estas políticas públicas sustituyéndolas por una Oficina de Intermediación Hipotecaria para asesorar en los procesos de lanzamiento", añaden, incidiendo en que estas instalaciones las "dejaron morir y hoy por hoy lo más parecido a una política de vivienda son las ayudas sociales para el alquiler o la rehabilitación y adaptación de viviendas", lo cual está "muy lejos de intentar garantizar el derecho a una vivienda digna".

Por ello, reclaman a la institución provincial que retome la inversión en las políticas públicas en vivienda social, así como que la Junta de Andalucía impulse en la provincia malagueña "un programa extraordinario de vivienda social".

También piden en la moción al Gobierno de Andalucía que aplique, tras la aprobación parlamentaria, "la Ley por el Derecho a la Vivienda, agilizando los procedimientos para que los ayuntamientos puedan solicitar de inmediato la declaración de zona tensionada y así poder habilitar los mecanismos de control de precios de los alquileres contemplados" en esta norma.